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Las cuentas municipales

Fachada del Ayuntamiento de Barcelona.

Ayuntamientos más transparentes

Antoni Gómez

Queda mucho por hacer para llegar a esa primera fase de la transparencia que supone la revisión externa -es decir, la auditoría financiera y de cumplimiento- de las cuentas públicas locales

Catalunya (junto con Castilla y León) es la comunidad en la que un mayor número de entidades locales sujetan sus cuentas a auditoría financiera y/o de cumplimiento o legalidad. Lo concluye un estudio auspiciado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, cuyos datos afloran una realidad que dista de ser satisfactoria. Veamos el por qué.

De los 24 municipios catalanes de más de 50.000 habitantes, sólo ocho han colaborado facilitando los datos requeridos para la realización del informe; de éstos, únicamente cuatro afirman que someten sus cuentas a auditoría financiera. Si consideramos que una de las ciudades es Barcelona -obligada a tal auditoría por sus emisiones internacionales de deuda pública-, convendrán conmigo que el panorama es poco halagüeño.

Los autores del informe (dos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Granada) precisan que si se excluye el Ayuntamiento de Barcelona (por su gran peso específico en el conjunto), el gasto auditado para el conjunto de los consistorios españoles sería de un 3,4% del total del mismo. De forma global, el 75% de los municipios españoles participantes no realizan ni auditoría financiera ni de cumplimiento o legalidad; un 15% efectúa ambas auditorías, un 7% realiza auditorías financieras y un 4% sólo auditorías de cumplimiento.

Para más inri, falla incluso lo más básico. Según el Portal de Rendición de Cuentas (promovido por el Tribunal de Cuentas), solo el 65,2% de los municipios españoles remitieron las cuentas del ejercicio 2016 dentro de plazo. En mayo de 2018, más de un 11% de los ayuntamientos tenían todavía pendiente la remisión de sus cuentas.

Unos recursos insuficientes

La desafección ciudadana respecto de la cosa pública es perjudicial para la legitimidad de las instituciones y, para evitarlo, es menester una gestión transparente. Y, por lo que podemos visualizar a través de estos datos, es obvio que queda mucho por hacer para llegar a esa primera fase de la transparencia que supone la revisión externa -es decir, la auditoría financiera y de cumplimiento- de las cuentas públicas locales.

La transparencia es el primer estadio en relación a facilitar una información económica adecuada a los ciudadanos, aunque vemos que esta, además de insuficiente, está fragmentada y tampoco es comparable entre distintas administraciones homogéneas. Y un último factor a considerar: los recursos internos de los órganos de intervención de los ayuntamientos son insuficientes para asumir la totalidad de responsabilidades que recaen en ellos.

Ante esta situación, la publicación de un real decreto hace poco más de un año, que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, y que establece la colaboración de los auditores privados con los órganos de intervención local en las actuaciones de control financiero -mediante la aplicación de técnicas de auditoría en cuanto a planificación y ejecución de los objetivos de revisión-, es un paso adelante importante. Por los auditores no quedará.

*Antoni Gómez es presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).

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