Ir a contenido

Editorial

Los retos de inmigración para Sánchez

El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de corregir una actitud que en el pasado fue contemplativa, por no decir abiertamente insuficiente

Rescate de algunos de los inmigrantes que traslada el barco Aquarius.

Rescate de algunos de los inmigrantes que traslada el barco Aquarius. / SOS MÉDITERRANÉE

España no puede sustraerse del entorno europeo a la hora de abordar un problema tan candente como el de la inmigración y la acogida de refugiados. Hablamos de la necesidad de una política común, casi inexistente o muy frágil, en cualquier caso con muchos puntos débiles, que priorice un control de los flujos migratorios con base humanitaria y no estrictamente policial, y un trabajo efectivo en los países de origen, tanto los afectados por problemas económicos como los que viven situaciones bélicas. Por eso, las primeras medidas emprendidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez deben leerse, como apreciaba la propia portavoz del Gobierno, como un intento de "catalización, un toque de alerta", cara a la cumbre europea del 28 y 29 de junio. La adopción de medidas excepcionales en relación a la crisis del 'Aquarius' ha significado, ciertamente, un cambio de rumbo de España, acrecentado por el anuncio de Grande-Marlaska de poner fin a la ignominiosa presencia de las llamadas concertinas o cuchillas en los muros de Ceuta y Melilla. Pero no debemos olvidar que se trata de gestos –que son trascendentes, porque denotan un sesgo progresista distinto a la dinámica del PP– que no evitan un debate mucho más a fondo y una voluntad política que debe hacer frente a una problemática mucho más amplia.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

La lista de asuntos pendientes es ingente: las devoluciones en caliente, las dificultades de acceso al procedimiento de asilo, las condiciones inhumanas de los CIE y centros similares (el caso de Archidona y la reclusión de migrantes directamente en una cárcel), la polémica aplicación de la ley de extranjería, o las paupérrimas cifras de refugiados acogidos por España en virtud del acuerdo europeo del 2015 (el 11% de todos los compromisos firmados, solo por encima de los países del Este más reacios y contrarios a la acogida). Todo ello nos informa de que, hasta hoy, en la etapa más dura de la crisis de migraciones, la actitud del Gobierno español ha sido como mínimo contemplativa, por no decir abiertamente insuficiente, con más énfasis en la represión que no en el trato humanitario y justo. La creciente tensión en la frontera con Marruecos y la proliferación de pateras en la costa sur dan a España la oportunidad de hacer oír su voz en el concierto europeo, tanto en el trato a inmigrantes y refugiados como en el acento sobre una mayor implicación de una Europa amenazada por corrientes xenófobas que debe anteponer a sus intereses económicos o políticos una decidida lucha por los derechos humanos.