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Presos, el problema es para Torra

Joaquim Coll

Con un acercamiento, CUP, ANC y CDR no tardarían en pedir al Govern la liberación de los independentistas encarcelados

El posible traslado a centros penitenciarios catalanes de los presos por el 'procés' es un asunto espinoso para el Gobierno socialista, pero el problema, el marrón de verdad, sería después para el ultranacionalista Quim Torra.

Hasta ahora los ministros de Pedro Sánchez han ido echando balones fuera, repitiendo que esa decisión correspondía al juez, dada la situación procesal de los encarcelados. Sin embargo, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena se quitó de encima el jueves esa responsabilidad al dejar claro en una interlocutoria que la potestad para resolver la petición que formularon en abril Oriol Junqueras y Raül Romeva corresponde a Instituciones Penitenciarias; es decir, al Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska.

A partir de ahora, toda la presión va a recaer sobre el Gobierno y, aunque los otros presos todavía no han pedido ser trasladados cerca de sus domicilios, es evidente que el mismo criterio tendría que aplicarse a todos. Pero peor que tomar la decisión de acercarlos, serían las contradicciones que eso generaría en el discurso del Govern.

Desde el PSC, en boca tanto de Miquel Iceta como de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se ha insistido mucho en que se vería ese traslado con "buenos ojos". El argumento es irreprochable: no hay que castigar a los familiares con largos viajes hasta las cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco.

Pero desde la óptica de la seguridad del Estado, la petición de acercamiento plantea un problema: la vigilancia dependería de la administración penitenciaria de la Generalitat, cuyo Govern afirma que son "presos políticos", lo exhibe con una pancarta en el balcón del Palau, y exige su libertad.

Romerías independentistas

Además, si se produjera el traslado, previsiblemente alrededor de las cárceles se organizarían romerías y actos independentistas de protesta, lo que no es un escenario aconsejable. Y el paso siguiente no tardarían en darlo la CUP, la ANC y los CDR, que pedirían a Torra y al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, su liberación en coherencia con el discurso de que se trata de "rehenes" del Estado español.

Sin embargo, pese a toda esa retórica inflamada, es improbable que el Govern integrado por JxCat y ERC fuera a desobedecer al juez Llarena y a permitir la fuga de los nueve políticos secesionistas con destino a Waterloo. Algo así conllevaría la aplicación nuevamente del 155, además de  gravísimas consecuencias penales para los responsables.

Por tanto, si bien para el Gobierno socialista es un asunto espinoso, que le puede costar críticas por la derecha, debe prevalecer el criterio de no perjudicar innecesariamente a los familiares de los presos. En Catalunya, el problema de verdad sería para Torra, que tendría que convivir con la contradicción de mantener en las cárceles de la Generalitat a los que considera "presos políticos".

Desplantes al Rey

Sería el mayor ejemplo de que no existe ninguna desobediencia efectiva ni el menor rastro de la república catalana, y de que los desplantes a Felipe VI que se planean para dentro de unos días en Tarragona son solo un circo maleducado.

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