La Gürtel sigue persiguiendo al PP

La sentencia de la primera época de la trama Gürtel acabó hace poco más de dos semanas con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero la corrupción sigue persiguiendo al PP porque hay aún innumerables casos que están en los tribunales. Uno de ellos es el conocido como el caso Gürtel valenciano, cuya sentencia se acaba de hacer pública y confirma que el partido, esta vez en la Comunidad Valenciana, se financió de manera ilegal y disponía de una caja b, como ya adelantaba el fallo de hace 15 días para la organización central del PP, aunque la existencia de esa contabilidad opaca aún está pendiente propiamente de juicio. La sentencia de Valencia destroza, por si hacía falta, algunos de los argumentos utilizados por Rajoy en el debate de la moción de censura, a saber, que las irregularidades afectaban solo a campañas de dos ayuntamientos madrileños y que el PP no había sido condenado por financiación ilegal.

Financiación delictiva

En el Gürtel valenciano, además de los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes, y Pablo Crespo, son condenados los cargos del PP Ricardo Costa (exsecretario general), Yolanda García (extesorera), Cristina Ibáñez (exgerente) y David Serra (exdiputado) y absuelto por falta de pruebas el exvicepresidente Vicente Rambla, aunque la sentencia le dedica frases nada amables, como que tuvo “ceguera voluntaria” ante los excesivos gastos de las campañas electorales del 2007 y 2008. En esos años, dice el fallo, “el PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva”.

Los delitos se cometían mediante la percepción de mordidas por adjudicaciones de contratos y la facturación por parte de la empresa de la trama Orange Market a diversos empresarios de los gastos de actos del partido. Es la primera vez que en un juicio de estas características se condena a empresarios, nueve, que confesaron sus pagos al PP a cambio de librarse de la cárcel. Se ha librado de condena, en cambio, quien todos señalan como el máximo responsable, el entonces presidente Francisco Camps, que no fue procesado y declaró como testigo, aunque otro juez del caso Gürtel lo sigue investigando.

Esta sentencia coincide con inicio del proceso de renovación del PP, que culminará en el congreso fijado para el 20 y 21 de julio. Pero ninguna renovación será posible si el PP no hace tabla rasa con métodos de funcionamiento corruptos que se remontan a la fundación del partido.