El diálogo entre Sánchez y Torra

Tras meses de silencio e incomunicación, las vias de diálogo entre el Gobierno central y el catalán se han reabierto. Que una simple llamada telefónica, la que mantuvieron el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, sea considerada una buena noticia ya dice mucho de la gravedad de la crisis institucional. Pero el caso es que Sánchez llamó a Torra, y ambos presidentes, con una cordialidad que les honra, se emplazaron a una reunión para la que aún no hay fecha que el mandatario español encuadra dentro de encuentros con todos los presidentes autonómicos. 

En su debut como portavoz del Gobierno, Isabel Celaá fue tajante al descartar que en la reunión se aborde el derecho de autodeterminación, como reclama el 'president'. Gráficamente, Celaá aseguró que el Gobierno tratará con el Govern con el diálogo en una mano y la Constitución en la otra. Descartó también, por depender de los jueces, que el Gobierno intervenga en la prisión preventiva de los dirigentes independentistas, pero nada dijo de un traslado a cárceles catalanas, una de las medidas que desde el independentismo se reclama como prueba de la voluntad de Sánchez de desescalar el conflicto.

En esta línea de rebajar la tensión, el Consejo de Ministros decidió levantar la supervisión financiera a priori de los gastos de la Generalitat, una decisión que se incluyó en su momento en el paquete de medidas tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución y que por tanto debía ser levantada una vez tomó posesión el Govern. Pero el hecho de que esta haya sido una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo (Sánchez podría haber remoloneado a lo Mariano Rajoy) cabe interpretarlo como un gesto de distensión. La ministra no ha aclarado si se mantendrán los mecanismos de control en vigor desde antes de la aplicación del 155, la vigilancia a posteriori que Hacienda ejecuta desde el 2015 sobre los gastos efectuados con el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica. Solo especificó que el Gobierno central tiene mecanismos para conocer en qué se gasta el dinero la Generalitat insinuando que proseguirá el control mensual para impedir que el Govern destine fondos a actividades inconstitucionales. Esa es la clave, no solo de estas medidas económicas sino del diálogo en ciernes: mantenerse dentro del orden constitucional y estatutario.