La renta garantizada, una prioridad

Las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) presentarán los próximos días un informe sobre la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), ocho meses después de la entrada en vigor de una de las medidas más llamativas aprobadas por el Parlament de Catalunya en la anterior legislatura. Vino a sustituir y ampliar las prestaciones de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), pero en todo este tiempo tanto la lentitud en la resolución de las solicitudes (un 5% del total) como el bajo índice de concesiones (solo 1500 nuevas prestaciones) han disparado las alarmas de partidos políticos, entidades sociales y representantes de la Comisión Promotora de la Renta Mínima, que exigen a la administración más eficacia, más celeridad, más colaboración con los agentes implicados y una interpretación más generosa de la ley que tiene, como objetivo, atender a las familias en riesgo de exclusión.

Se abre también un debate sobre la incidencia de la aplicación del artículo 155 en su implantación. Para unos ha influido de manera negativa; para otros, es un problema que no debe achacarse a la intervención estatal de la Generalitat y que, en cualquier caso, debería estar por encima de disensiones políticas. Desde la Taula del Tercer Sector se reclama al nuevo Govern que, con urgencia, desarrolle al completo las medidas necesarias para desencallar un asunto de emergencia social. Es una prioridad que el ejecutivo del 'president' Torra debe asumir sin dilación.