A vuela pluma

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos viviendo unos momentos políticos que pasarán a la historia y que afectan a la propia estabilidad y credibilidad del Estado de derecho que nos dimos los españoles en 1978, ahora hará 40 años. La Constitución, como se ha dicho, no es una ley impuesta sino el fruto del consenso libre y voluntario ejercido por los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos de la nación para regir su vida , en la que todos aportaron y consensuaron no sin renuncias, también de todos y cada uno de ellos.

Hoy, el señor Puigdemont no es presidente de la Generalitat de Catalunya. Hoy, el señor Rajoy no es presidente del Gobierno de España. El Estado de Derecho ha impuesto sus reglas. El artículo 155, que era la lógica consecuencia de los actos inconstitucionales y antiestatutarios efectuados en el Parlament de Catalunya, ha colocado al señor Torra como presidente de la Generalitat de Catalunya, que ha tenido que nombrar un Gobierno conforme a las exigencias estatutarias y constitucionales que pueda hacer efectivo el desarrollo político de las competencias que le corresponden a la Generalitat  y que durante tantos meses han sido negligentemente abandonadas.

Por su parte, el señor Sánchez, con una minoría parlamentaria, es el presidente del Gobierno de España en virtud del mecanismo constitucionalmente previsto en el artículo 113. Es pertinente recordar, en estos momentos, la existencia de otro artículo de la Constitución, concretamente el 117, que dice así: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Es la ley que emana del Estado de Derecho, y no de la ley que se impone al Estado de Derecho. Como pueden ustedes comprender la justicia, aunque lenta, tarde o temprano, llega. Su poder es inane, ni legisla ni gobierna, y precisa de los otros poderes para completar el Estado de derecho. No es responsable de lo que ocurre pero sí responsabiliza, una vez probado, a quienes pervierten la ley, la contravienen y delinquen.

Los gravísimos casos de corrupción política

Los gravísimos casos de corrupción política que hemos sufrido durante tantos años, en toda la piel de toro, han ido poniendo de manifiesto hasta qué punto lo que se intuía era cierto. Sea o no sea culpable el Partido Popular, que no me corresponde en ningún caso juzgarlo, le ha pasado factura a su actual Gobierno e incluso a su mayoría parlamentaria. Precisamente por eso el señor Sánchez es presidente.

Conviene pues que ningún político, ni tampoco ninguna fuerza política considere su imprescindibilidad para el gobierno de la cosa pública, y que todos seamos conscientes que nuestras razones no tienen por qué ser las razones de todos. El Estado de derecho las permite todas, pero jamás podrá imponer unas sobre las otras. Esas son las reglas del juego y esos son los verdaderos valores republicanos, que no es nada más y nada menos, que la 'res publica'; es decir la cosa pública.