Nos queda mucho por saber

El pasado día 16, en el Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), se celebró la jornada Ocitur, en la que había una mesa redonda acerca del impacto de la oferta de alojamiento turístico no reglada. Cuando el debate se centraba en la gentrificación como consecuencia de los pisos turísticos, uno de los ponentes dio un dato desconcertante. Todos asumimos que los pisos turísticos en Barcelona están desplazando pisos que estaban siendo destinados al alquiler no turístico. "Entonces, ¿Cómo se entiende que durante el año 2017, el número de contratos en alquiler depositados en el Incasòl hayan crecido más del 20%? ¿Cómo se entiende que desde el principio de la crisis la oferta de pisos en alquiler en Barcelona se haya duplicado?" Parece evidente que nos queda mucho por saber  sobre el verdadero efecto que tienen los alquileres turísticos en el mercado de alquiler. De todas formas, otra ponente, dio una explicación parcial a este dato. "Es que muchos de esos pisos se están realquilando, almenos parcialmente, a turistas, con lo que, en realidad son pisos turísticos".

Numerosas dudas legales

El subalquiler total o parcial de una vivienda, si no está contemplado en el contrato de alquiler, implica un incumplimiento del inquilino del artículo 8 de la ley de arrendamientos urbanos. De todas formas, se trata de un fenómeno muy difícil de controlar. Así, des del punto de vista de la oferta, en muchos casos hay inquilinos que lo utilizan como ingresos extra para pagar unos alquileres de mercado fuera de sus posibilidades. En cambio, si el alquiler de la habitación lo realiza el propietario, esta figura contractual presenta muchas dudas, ya que no está regulada en la ley. Si la habitación arrendada se destina a residencia habitual, la ley no lo prohíbe. Si el destino es turístico, las dudas son mayores. En cualquier caso, parece un 'win-to win'.

El ciudadano opta a una vivienda pagando una renta más baja que si arrendara todo el inmueble, y la propiedad obtiene unos rendimientos económicos que le ayudan a sufragar los gastos de su vivienda. En el caso de la demanda, muchas de las habitaciones son (re)alquiladas a turistas. En el 2017, algo más del 10% de los 3.000 expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Barcelona fueron para 316 casos de inquilinos que habían puesto como alojamiento para turistas los domicilios que tenían alquilados. En cambio, otras (las de los pisos peor ubicados y en peor estado) se (re)alquilan a familias con un problema de vivienda muy serio que no pueden acceder a los alquileres de mercado y se ven obligadas a vivir en infraviviendas o en habitaciones de pisos que comparten con otras familias desconocidas. Algunos acaban siendo auténticos pisos patera. Y en ocasiones incluso se les imponen consumos máximos de agua y luz. 

Se trata de la enésima cara del problema de la vivienda que afecta a esas familias para las cuales la crisis económica no ha terminado. Un problema que tiene una solución conocida y clara (que no fácil): aumentar la oferta de pisos pública en alquiler social.