Más difícil todavía

Las últimas elecciones municipales, hace tres años, dejaron algunas alcaldías importantes en manos de formaciones políticas, la mayoría en la órbita de Podemos, que llevaban en su programa la voluntad de recuperar la gestión pública de algunos servicios esenciales. La capacidad de llevar a la práctica esa promesa ha sido desigual. En algunos casos y sobre contratos menores se ha podido hacer con la aquiescencia incluso de la oposición, pues se trataba de servicios privatizados  en la anterior legislatura para aliviar el déficit. Pero ese no era el problema ni el reto. El impulso remunicipalizador tenía en su horizonte algunos grandes contratos como la limpieza, el agua o las funerarias. En muchos casos,  gestionados de manera concesionada desde tiempo inmemorial y con potentes corporaciones al frente. Solo Terrassa ha sacado adelante su proyecto de recuperación de la gestión del agua.

Ahora, surge un nuevo obstáculo que no deja de tener su razón de ser. Bajo el impulso del PDECat, inspirado por la CEOE, se aprobaron enmiendas a la ley de contratos del Estado, con el apoyo de Cs y el PP, que ponen condiciones a las remunicipalizaciones: demostrar la mayor eficiencia, los concesionarios pueden pedir el arbitrio de la comunidad autónoma y se protegen los derechos de subrogación de los trabajadores. Todo ello, pese a que sea con una finalidad de parte, absolutamente dentro del sentido común. Los contrapesos de la política son así, aunque algunos los quieran ignorar.