Impotencia española al descubierto

Algo va mal para que los 'exconsellers' huidos de la justicia española encuentren refugio en Bruselas. No es normal tampoco que un 'expresident' que ha asaltado la legalidad viva esperanzado en Berlín ante la posibilidad de no ser entregado a España para responder por sus delitos. La partida judicial europea no ha terminado, pero el balance para la imagen de España es inquietante: los jueces no pueden juzgar porque se chocan con fronteras que en teoría no existen mientras el Gobierno sigue sin querer explicarse en el exterior.

Las instituciones españolas sufren por este camino, entre la impotencia ampliamente percibida y la sospecha de que las cosas no se han hecho correctamente. ¿Cómo es posible que, sabiendo que Bélgica y sus jueces no tienen entusiasmo para colaborar – no olvidemos que este país dividido con su propia tensión nacionalista ha denegado extradiciones de etarras – el juez Llarena haya podido cometer un error de forma?

Un trabajo quirúrgico

El tratamiento procesal de este asunto exige un trabajo quirúrgico. No puede haber la mínima sospecha de que se toman atajos, que se retuercen los procedimientos para aplicar justicia porque el asunto es muy sensible: se juzgan al fin y al cabo políticos electos. La legitimidad de origen no da derecho a cometer delitos, pero su enjuiciamiento debe tener los estándares más altos para evitar cualquier sospecha de que se están persiguiendo ideas políticas, sobre todo teniendo en cuenta que hay una opinión pública europea muy mal informada.

La situación creada en Catalunya en los últimos meses es insólita, nada fácil de entender en la Unión Europea: no hay precedente de un gobierno regional que utilice el poder de forma deliberada para desintegrar el Estado del que forma parte, un 'modus operandi' novedoso que encaja mal con los códigos penales contemporáneos y que ha puesto al descubierto las lagunas de la euroorden, diseñada sobre la base de la confianza entre sistemas judiciales de países democráticos.

Sobre estas dificultades el Gobierno de Rajoy sigue actuando como si el asunto no hubiera adquirido una dimensión europea, como si no fueran jueces alemanes, belgas, suizos y escoceses los que tienen en sus manos el futuro procesal de políticos acusados de graves delitos. Los jueces son independientes, pero no son ajenos a su contexto histórico. El vacío del mensaje gubernamental exterior lo compensan parcialmente la sociedad civil española y Albert Rivera y Pedro Sánchez, pero no basta.

La impotencia española no produce un efecto de suma cero frente al independentismo. Conforme los medios europeos van informando sobre los mensajes supremacistas del 'president' Torra, queda al descubierto la engañosa noción de que el 'procés' es una expresión democrática de un pueblo oprimido que pide auxilio a la UE. Europa como construcción de paz se creó para evitar que líderes como Torra pudieran imponer sus primitivos instintos. Y eso no hay revés judicial capaz de ocultarlo.