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EL IMPUESTO SOBRE LAS EMPRESAS DIGITALES

Las pensiones y la 'tasa Google'

Benjamí Anglès Juanpere

Los ciudadanos acabaremos pagando la financiación de las prestaciones, ya sea como contribuyentes o como clientes

Tras el reciente pacto entre el Gobierno del PP y el PNV que implica una revalorización de las pensiones vinculada al IPC para este año, Montoro ha tenido que adecuar los Presupuestos Generales del 2018 para cubrir el incremento de gasto provocado por esta subida, de lo contrario podría encontrarse con el rechazo de Bruselas a los presupuestos si considera que estos incumplen el pacto de estabilidad.  

Además de la reducción de algunos gastos, entre las medidas del ministro para hacer frente al aumento de las pensiones se encuentra la creación de un impuesto sobre las empresas digitales, conocido como la ‘Tasa Google’. Aunque pueda parecer una medida 'made in Spain', esta proviene de la propuesta europea de impuesto digital que hace tiempo que está encima de la mesa, y que plantea imponer a nivel de la UE un gravamen del 3% sobre la facturación de las empresas de servicios digitales que superen los 50 millones de euros de ingresos anuales dentro del territorio comunitario.

El cambio del sistema no es fruto del necesario debate, sino de un pacto entre dos partidos para tirar adelante unos presupuestos

No obstante, a la vista de lo sucedido en el último Ecofin, esta medida no cuenta con el apoyo de todos los socios europeos. Ante la apremiante necesidad de aumentar los ingresos públicos, el Gobierno está decidido a no esperar al consenso europeo y quiere empezar a aplicarla cuanto antes.

Pero ¿cómo se definirán los obligados al pago del nuevo impuesto? Se habla de gravar a Google, Amazon o Facebook, pero el concepto digital también podría incluir a 'start-ups', la banca electrónica o las empresas que se dedican a vender por internet como El Corte Inglés. Asimismo, ¿cómo se determinará la base imponible? No es lo mismo tener en cuenta los beneficios obtenidos que los ingresos facturados. Además, ¿cómo se evitará que las empresas con domicilio social en otro Estado miembro eludan el pago del nuevo impuesto, como han venido haciendo con el impuesto de Sociedades? Y lo más importante, ¿cómo se logrará que la recaudación del nuevo impuesto evolucione al mismo ritmo que el IPC y garantice el pago de las pensiones a medio y largo plazo? Según Hacienda, solo en el 2018 harán falta alrededor de 1.500 millones de euros para cubrir el coste 'extra' de las pensiones, y para el próximo año esta cifra podría alcanzar los 1.800 millones, siempre que el IPC fuera el mismo.

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Se argumenta que el reparto de las cargas tributarias no tiene que seguir recayendo sobre la vieja economía, y que las empresas y negocios de la nueva era digital tienen que contribuir en mayor medida a sostener el gasto público español, sobre todo aquellas que desvían parte de sus beneficios a países con una fiscalidad más blanda. Nada que objetar, pero no nos engañemos, abrir la puerta de la financiación de las pensiones a los impuestos significa en cualquier caso que seremos los ciudadanos quienes acabaremos pagándolos, ya sea como contribuyentes o como clientes de aquellos que tengan que pagarlos, de modo que al final no resultarán afectados sus márgenes de beneficios sino nuestros bolsillos. Un cambio trascendental de nuestro sistema de pensiones que no es fruto del necesario debate político, social y económico que requiere, sino de un pacto entre dos partidos políticos para tirar adelante unos Presupuestos Generales. ¡Va por ustedes!

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