El derecho a la cualificación, en el olvido

Tres años después de aprobarse la ley catalana de formación profesional, tenemos la ley en papel sin aplicación práctica ni desarrollo concreto. Ni está en marcha la Agencia de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya ni se va a presentar la evaluación-diagnóstico del subsistema de FP exigido por la misma ley. No tiene nada que ver el 155. Esta lamentable parálisis tiene que ver con las luchas de poder entre los departamentos de Ensenyament y Treball por hacerse con el control y el presupuesto de la agencia. No es nada nuevo. Históricamente en España se ha configurado una gobernanza bipolar de la FP dada la existencia de dos subsistemas: el de la FP escolar-reglada y el de la FP ocupacional y para la inserción.

Sin embargo, perder tres años en aplicar la ley no es de recibo. Es toda una patada contra la ciudadanía y su derecho a la cualificación y recualificación a lo largo de la vida. La ley catalana se vendió con grandes aspiraciones para impulsar el cambio de modelo productivo, reducir el abandono temprano y poder empoderar al 45% de la población activa en Catalunya que no tiene acreditada su cualificación profesional. Es decir, solo cuentan con su experiencia laboral y cualificaciones internas de empresa pero sin ningún título profesional que acredite sus competencias ante el mercado de trabajo.

Aprender a aprender

En plena sociedad del conocimiento y del riesgo, el derecho a la cualificación y la recualificación es una prioridad para proteger a los trabajadores ante las crisis cíclicas de empleo y de sustitución de cualificaciones. Se trata de un nuevo derecho social post-tradicional inexistente en la pasada modernidad industrial y taylorista. Pero del todo necesario ante el nuevo modelo posfordista global que destruye, deslocaliza y demanda cualificaciones a un ritmo imparable y casi indetectable para la planificación educativa. Desde los años 80 la economía y la sociología del trabajo (Blaug, Thurow y otros) apostaban por una sólida formación inicial que universalice el aprender a aprender como nuevo pedestal de la ciudadanía. Estamos muy lejos de conseguirlo.

Pasan los años y seguimos sufriendo los efectos de la mala y vieja política.  Estamos ante otro episodio de incompetencia sin que nadie asuma responsabilidades. Entre otras cosas por la falta de un modelo profesional de administración pública que gestione la res pública independientemente de la coyuntura política y de partidos. Si se aprueba la ley que la desarrollen los gestores públicos con trasparencia, evaluación y cumpliendo los plazos establecidos.

Una vez más, queda señalado el departamento de Ensenyament. Sigue sin desarrollar la ley de FP, sigue sin aplicar el pacto anti-segregación escolar, sigue sin observatorio de la equidad educativa y demuestra improvisación ante las necesidades docentes de la secundaria habilitando a licenciados sin formación docente. Esta vez, como con la renta de ciudadanía, no ha sido Madrid. Mientras tanto, aumenta nuestra desventaja en el nuevo escenario global de la sociedad del conocimiento. ¿Responsables?