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Contrapunto

Cambios económicos vertiginosos para subir la pensión

Salvador Sabrià

Nada por aquí, nada por allá, ¿dónde está la ‘pensioncilla’?. Como si se tratase de un truco de magia, de pronto han aparecido en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 más de 1.500 millones de euros para poder incrementar el 1,6% el importe de las pensiones este año y el siguiente. Hace tan solo unas semanas era casi literalmente  imposible, según el Gobierno, atender esta demanda que se expresaba cada vez con más fuerza en las calles. Es más, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclamaba incluso a la oposición que actuase con seriedad y sentido de Estado y no prometiese cosas que no podría cumplir si no era a base de incrementar los impuestos. Pero, oh sorpresa, para convencer al PNV, con muchos menos diputados  en el Congreso que Ciudadanos pero con los suficientes para impedir aprobar las cuentas del Estado, el Gobierno ha sabido encontrar el dinero entre los pliegues del proyecto presupuestario para conseguir lo imposible, y a la vez, lo exigido por la Constitución: la actualización de las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo. Ante esta oferta, ni el peneuvista más anti 155 se podría resistir. Y así ha sido. Ha aparecido la 'pensioncilla’, una suerte de gracia del Gobierno a los más de ocho millones de jubilados con pensión contributiva consistente en una paguita extra equivalente a cerca de unos 200 euros al año para una pensión media que roza los 1.000 euros. Eso sí, no se trata de una medida que se consolida, sino que responde a una decisión exclusivamente política del Gobierno de Mariano Rajoy, que en ningún caso comporta mantenerla una vez pasadas las próximas elecciones.

Para que no sonase tan extraño este cambio de actitud, Montoro, fiel a su consigna de que cualquier nuevo gasto debe tener su correspondiente ingreso, ya avanzó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que una fórmula para sufragar este coste adicional, cifrado en unos 1.500 millones de euros anuales, se crearía un impuesto a las grandes empresas tecnológicas que se dedicaría íntegramente a la Seguridad Social. Este tributo que promueve la Comisión Europea está todavía muy verde, y, en todo caso, las previsiones de recaudación total para los 28 países de la UE rondaría los 5.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el PIB de España equivale a poco más del 7% del conjunto de la UE, lo que le correspondería de esos 5.000 milllones no llegaría ni a 500. Hasta alcanzar los 1.500 de la subida del 1,6% de las pensiones solo en un año todavía falta mucho. Y, si se tiene en cuenta que el déficit de la Seguridad Social en el 2017 ya superó los 18.000 millones de euros, la referencia al impuesto tecnológico como una de las grandes vías de solución suena, como mínimo, a poco realista.

Pero de momento el efecto ya está creado: la  imagen de  un Gobierno más dialogante de lo que se le atribuye, y capaz de pactar con partidos nacionalistas si estos no rechazan de plano la Constitución. Habrá que esperar a las liquidaciones del ejercicio del 2018 para poder comprobar que partes de esta medida eran propaganda o realidad.

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