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La sentencia de 'La manada'

¿Quién vigila a los vigilantes?

ALEX R. FISCHER

¿Quién vigila a los vigilantes?

Bernat Gasulla

La sala de gobierno del Tribunal Supremo está compuesta por 13 hombres y ninguna mujer; quizá sea ese uno de los problemas

La sentencia de 'La manada' lleva camino de convertirse en un convulso punto de inflexión en la justicia española, poco acostumbrada a la protesta frontal contra sus resoluciones. La irritante condena de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha abierto varios frentes a la hora de reclamar cambios urgentes en el sistema judicial. Unos piden una reforma del Código Penal que clarifique el concepto clave en este proceso (el de la intimidación) o que unifique bajo un tipo único de violación todos los supuestos de sexo sin consentimiento. Otros exigen que se aplique de una vez por todas el punto del pacto de Estado contra la violencia machista que aboga por la especialización de jueces en delitos contra las mujeres, lo que muy probablemente hubiera llevado a que el tribunal hubiese entendido como intimidatorios los hechos que la sentencia da por probados y 'La manada' habría acabado así condenada por violación.

Y algunos ponen el foco en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la judicatura y único responsable del régimen sancionador de jueces y magistrados. ¿Cómo es posible que todo un juez, Ricardo González, haya interpretado los hechos cometidos por 'La manada' como “sexo con jolgorio” sin que ello le suponga ninguna represalia? ¿Cómo se llega a formar parte de un tribunal de una audiencia provincial? ¿Qué ha de hacer un juez para ser sancionado o apartado? ¿Se mide a todos con el mismo rasero o solo son apartados los políticamente molestos?

Los límites de la justicia

Entre 1986 y 1987, dos genios norteamericanos, Alan Moore y Dave Gibbons, publicaron en DC Comics una obra maestra, 'Watchmen'. Una de las innumerables tramas de este complejísimo cómic era una escéptica reflexión sobre los límites de la justicia y el combate contra el delito. La obra describe la airada respuesta popular y gubernamental contra unos superhéroes trasnochados, cuando no enajenados o sencillamente matones sangrientos, que se dedicaban a impartir justicia. “Who watches the watchmen?” (¿Quién vigila a los vigilantes?) era una pintada habitual contra los enmascarados justicieros.

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Lluís Pascual Estevill accedió a la judicatura por el llamado cuarto turno, un sistema que distingue las trayectorias de juristas de reconocido prestigio. Ejerció como juez instructor de Barcelona, donde cosechó una terrible fama. Todo el mundo lo sabía: el encargado de investigar varios casos de corrupción miraba a otro lado si se le obsequiaba debidamente, aunque solo fuera con información, o se cedía a sus presiones. El era como un juez Dredd en el mundo real. Él era la ley, y no era blando precisamente al aplicarla. Conocido por presentarse en Jaguar a los levantamientos de cadáveres, llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1994 a propuesta de CiU, ¿Quién vigiló a Pascual Estevill cuando todo el mundo sabía lo que hacía? Dos años después de entrar en el CGPJ, y solo cuando empezaron a lloverle las demandas que acabarían con su encarcelamiento, dejó el cargo.

Juan Fernando López Aguilar
aseguró, cuando era ministro socialista, que la justicia era la única gran institución que
no se había desenganchado del franquismo

Unos diez años después, el entonces ministro socialista Juan Fernando López Aguilar, ya en el tramo final de su mandato, confesaba en una reunión privada en su despacho y con micrófonos apagados, que el gran déficit de la democracia española era el sistema judicial. El ministro aseguraba con la amargura del derrotado que la única gran institución que no había completado el desenganche del franquismo no había sido el Ejército, sino la justicia.

Tufo de corporativismo del malo

Hoy, en el 2018, tras la condena de 'La manada', el aparato judicial está en el ojo del huracán. Los dioses han querido que las protestas contra la resolución hayan coincidido con la movilización de jueces y fiscales contra el deterioro de la justicia. Reclaman, entre otras cosas, más medios. Y en plena tormenta, el presidente del Supremo y a la sazón del CGPJ, Carlos Lesmes, ha respondido de la peor manera posible y, tras él, asociaciones de jueces y fiscales. Como resultado, un rancio tufo de corporativismo del malo que parece olvidar que el judicial, como el político, es un poder que emana de la soberanía popular y que la tan cacareada independencia judicial no debe confundirse con la arbitrariedad.

¿Quién vigila a los vigilantes? La sala de gobierno del Supremo está compuesta por Carlos Lesmes, Ángel Juanes, Francisco Marín, Manuel Marchena, Luis María Díez-Picazo, Jesús Gullón, Ángel Calderón, Nicolás Antonio Maurandi, Pablo Maria Lucas Murillo, Benito Gálvez, Antonio del Moral, Antonio Salas, Ángel Tomás Ruano.

Ninguna mujer. Quizá sea ese uno de los problemas.

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