TRIBUNA

Cifuentes, el rector y la universidad

El 'caso Cifuentes' va a ejercer un papel de catalizador y de catarsis para situar en el foco de discusión a nuestro sistema universitario

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Alumnos de un máster de Empresa.

Alumnos de un máster de Empresa. / JOSEP GARCIA

Estoy convencido que el caso Cifuentes va a ejercer un papel de catalizador y de catarsis para situar en el foco de discusión a nuestro sistema universitario. Para bien, ya que siempre es sano el debate, y para mal visto el apego en nuestro país al catastrofismo y a la demagogia. Las universidades y los profesores universitarios son instituciones y profesionales muy bien valorados por la demoscopia social. Esto no es bueno en nuestro país y hay que remediarlo poniéndolas en la picota para que no sean una excepción en nuestro deporte nacional de desprestigiar a las instituciones públicas. Es obvio que hay muchos elementos y muy importantes del sistema universitario público que tendrían que mejorar. Pero ya puedo imaginar que el diagnóstico será simplista y apresurado y los remedios que se propongan mucho perores que las enfermedades que padecen las universidades. No hay que ser un lince para imaginar que se propondrán nuevos sistemas para poner coto a la autonomía universitaria ya que no es de recibo que hagan los que les venga en gana fuera del control político e institucional y se va a aventurar una reincidente telaraña normativa de carácter regulativo para que todas se comporten de la misma manera y sean más previsibles. Propuestas como estas o similares implicarían uniformizar todavía más el sistema universitario y todas las universidades públicas seríamos todavía más parecidas. Es una metodología propia del socialismo real: todas iguales, sin caer en la cuenta que todas serían iguales de pobres a nivel científico y docente.

Precisamente uno de los grandes males de la universidad (y una de las causas del caso Cifuentes) es que poseen solo autonomía formal pero no material. En la práctica dependen totalmente del poder político de las Comunidades Autónomas que representan sus principales fuentes de financiación. También dependen de una selva normativa uniformadora que no las deja ni respirar y de unas agencias acreditadoras que fomentan una perversa neoburocracia también asfixiante. La propuesta razonable a esta crisis debería ser la inversa: más autonomía universitaria (pero totalmente transparente y con rendición social de cuentas) para fomentar un ecosistema más diverso de universidades: algunas de excelencia investigadora, otras de excelencia docente y otras de excelencia en la transferencia del conocimiento. Unas más internacionalizadas, otras más apegadas al territorio, etcétera.

Incentivos para la excelencia

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Otorgar más libertad para fomentar la diferencia en el marco de una sana competencia. También mayor libertad para obtener recursos. Esta propuesta no gustará a las universidades mediocres (que las hay) ya que las obligará a migrar de su zona de confort de tener una magra financiación pública, pero financiación al fin y al cabo, y a tener que abandonar sus prácticas de connivencia y de vasallaje con la clase política. Todas estas universidades (o parte de ellas) van a tener que reinventarse para sobrevivir ya que no pueden limitarse a medrar en la política y en la burocracia institucional y legal. En cambio, esta propuesta va a ser recibida como una gran oportunidad para las excelentes o buenas universidades (que afortunadamente todavía son la mayoría) al tener incentivos para seguir siendo o ser todavía más excelentes.

Por otra parte, es obvio que no tiene sentido que el rector sea elegido de forma democrática ya que no es más que una impostura bajo la que se oculta el más rancio corporativismo. Unos rectores elegidos democráticamente no pueden gobernar sus instituciones y su función consiste únicamente en figurar y en mantener un complejo sistema de equilibrios para conciliar lógicas corporativas y clientelares. Las universidades son ingobernables precisamente por su perversa e irreal democracia. Que existan buenas universidades con este sistema castrador de gobernanza es un milagro inexplicable. Pero mala propuesta sería que fueran elegidos por los gobiernos o por los parlamentos autonómicos,  o bien por el Estado ya que los puestos de rector entonces sí que estarían politizados y serían monedas de cambio para tácticas y pactos de carácter político. Las cuotas y repartos entre los partidos políticos serían inevitables. Un rector moderno jamás debería pertenecer a su propia universidad ni debería ser un amateur de la dirección y la gestión universitaria. Un rector debería ser un profesional de la gestión académica, ajeno a capturas internas y elegido por una comisión de expertos nacionales e internacionales con total independencia.