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Análisis

La central nuclear de Ascó.

JOAN REVILLAS

El futuro de la energía nuclear en Catalunya

Jordi Roca Jusmet

El 1 de agosto de 2017 el Parlament de Catalunya aprobó la ley 16/2017 de cambio climático de Catalunya. En diciembre del mismo año el Gobierno español presentó un recurso de inconstitucionalidad que afectaba a un gran número de artículos que el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente.

Una noticia reciente -que ha pasado muy desapercibida- es que el mismo Tribunal Constitucional ha decidido -el 21 de marzo- levantar la suspensión, con la única excepción del apartado referente a la prohibición de dar permisos de exploración para obtener gas y petróleo con técnicas de fracking, que se mantiene suspendido. El levantamiento de la suspensión, a pesar de esta excepción, es una muy buena noticia.

Una de las características de la ley de cambio climático de Catalunya es que apuesta decididamente no sólo para la descarbonización del sistema energético sino también para la desnuclearización a favor de un modelo cien por cien renovable. En concreto, la ley obliga a elaborar un plan de transición para el cierre de todas las centrales nucleares no más tarde del 2027.

Las políticas a nivel español no van en absoluto en este sentido. Aún no se ha elaborado una ley española sobre cambio climático, pero la política del actual Gobierno a favor de la energía nuclear es clara. A esto se añade que el informe de la comisión de expertos para la transición energética, nombrada por el gobierno y que recientemente ha elaborado sus conclusiones, considera la energía nuclear un elemento clave en el sistema energético de las próximas décadas de forma que, en los escenarios que plantea para el 2030, la potencia nuclear española se mantiene inalterada.

El accidente de Fukushima fue una advertencia más de los peligros de la energía nuclear que ha llevado a varios países a revisar su política energética. Este grave accidente se suma a otros anteriores (como el de Chernóbil) y a una multitud de problemas, como la falta de solución al almacenamiento de los residuos radiactivos de larga duración (¡una herencia envenenada que dejaremos a las generaciones futuras para miles de años!), los impactos de la minería de uranio y los excesivos costes económicos (muy a menudo socializados) de esta fuente de energía.

La política contra el cambio climático debe ser una oportunidad para alejarse de un modelo energético centralizado y basado en energías no renovables y de elevado impacto ambiental y avanzar hacia un modelo descentralizado basado en las energías renovables de bajo impacto ambiental.

Catalunya es uno de los países más nuclearizados del mundo. La energía nuclear representa aproximadamente la mitad de la generación eléctrica. Ahora tenemos una ley vigente que obliga a planificar su cierre en menos de 10 años. El objetivo es ambicioso y, cuando tengamos un gobierno, debería ser una de sus prioridades. La ley de cambio climático se aprobó sin ningún voto en contra y con la única abstención del hoy aún más minoritario Partido Popular. Esperemos que su contenido no fuera sólo retórico sino un compromiso real.

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