El colapso de la renta garantizada de ciudadanía

La protección de los sectores más vulnerables de la sociedad es una máxima ineludible en un Estado social y de derecho. Los efectos de la crisis iniciada hace una década han provocado que la pobreza se haya convertido en un elemento cotidiano. Lo demuestran unos datos sombríamente esclarecedores. Unos 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o de exclusión social, según el informe 'El estado de la pobreza en España' de 2017. Cifra que hace que nuestro país sea el tercero de la UE –solo por detrás de Grecia y Chipre– donde más creció el riesgo de pobreza desde el 2008, el año del pistoletazo de la crisis.

Es por ello que pocas reivindicaciones estaban más que justificadas como la que se inició en Catalunya en septiembre del 2011, bajo el lema 'Rescatemos a las personas'. Se abrió una iniciativa legislativa popular que recogió 121.191 firmas de apoyo. El Parlament aprobó por unanimidad seis años después la renta garantizada de ciudadanía  (RGC). Se establecía que todas las personas y familias que no tuvieran ingresos, o que fueran inferiores al umbral de la RGC establecido por la propia ley, tendrían derecho en el 2017 a una prestación económica de 564 euros/mes para una persona, con un tope familiar de 1.071 euros/mes.

El pasado 15 de septiembre debía empezar a implementarse esa ayuda, pero hoy más de 50 entidades sociales denuncian un colapso o negativas injustificables. Sitúan en 40.000 el número de casos pendientes de resolución o denegados. La Conselleria de Treball, encargada de la gestión de esos expedientes, desmiente ese volumen de cifras, aunque tampoco actúa –según las entidades– con la transparencia deseable. Así las cosas, la comisión promotora de la RGC entregó ayer una carta en el Parlament para reclamar que  se adopten las medidas necesarias para cumplir la ley, con el apoyo de las alcaldías de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat y Montornés del Vallés.

Ni la prolongada falta de un Govern estable justifica que se dilate o demore la concesión de una ayuda a ciudadanos que la precisan para una existencia digna. Es este, el de una renta garantizada de ciudadanía, un derecho social que no admite recortes encubiertos ni una tramitación que encalle en laberintos administrativos. Estamos hablando de pura solidaridad ante la exclusión social.