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LA CLAVE

La consellera Dolors Bassa.

La gota malaya del 155

Enric Hernàndez

Seis meses de intervención de la Generalitat empiezan a pasar factura a los catalanes. Si antepusiese el país a sus intereses, la mayoría independentista ya habría formado un Govern efectivo

El 155 cumple esta semana seis meses de vigencia. Catalunya lleva medio año privada del autogobierno que tanto le costó recuperar y que, con sus limitaciones, le reportó las mayores cotas de soberanía de su historia, con permiso del soberanismo inconformista. Ni aquel 27 de octubre ni con posterioridad quiso el Estado escenificar la toma de la Generalitat. Antes al contrario: los emisarios ministeriales apenas se han dejado ver por Barcelona, y el control sobre el 'sottogoverno' catalán ha sido primordialmente telemático.

Pero esta invasión aparentemente sutil no debe llevarnos a engaño: el 155 acarrea graves consecuencias para los catalanes, en el corto y el medio plazo. Sin impulso político, los engranajes de una administración se encallan, y la factura la pagan los ciudadanos.

Buen ejemplo son las 40.000 solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que duermen en un cajón de la Generalitat. Esta loable iniciativa, impulsada por la 'exconsellera' Dolors Bassa tras el pacto de Junts pel Sí y la CUP, buscaba reparar los estragos que sufrieron las políticas asistenciales de la Generalitat en los tiempos en que Artur Mas empuñaba la tijera y no la bandera.

La burocracia suele ralentizar la implementación de las medidas que reconocen nuevos derechos. Pero es entonces cuando la oposición parlamentaria y los medios de comunicación, cada cual en su papel, fiscalizamos al gobierno de turno para que haga honor a sus compromisos. ¿A quién fiscalizar con un Govern destituido y un Parlament incapaz de restituirlo?

RENDIR CUENTAS

El de la RGC no es un caso aislado. La incapacidad para tomar decisiones gubernativas por la gota malaya del limbo del 155 entorpece la erradicación de los narcopisos del Raval, bloquea las políticas educativas e industriales, la búsqueda de inversión extranjera, la mejora de la financiación...  

Si se debe a los catalanes, y no a sus intereses cortoplacistas, la mayoría independentista no debería enredar más con investiduras utópicas como la de Carles Puigdemont. Y quien hace seis meses prefirió activar el 155 que convocar elecciones debería rendir cuentas de sus actos. 

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