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Privacidad y sociedad digital

¿Nacionalizar Google y Facebook?

Pere Puigdomènech

Los poderes públicos deben velar, como mínimo, porque se haga un uso responsable de nuestros datos

Algunos de los servicios que utilizamos en la red se han convertido en imprescindibles para algunos de nosotros. Son herramientas interesantes de comunicación o de búsqueda de información. Han representado desarrollos tecnológicos innovadores y han necesitado inversiones importantes en un entorno de gran riesgo. Por lo tanto es lógico que sus creadores quieran sacar beneficios. De forma progresiva hay gente que se da cuenta de que estos beneficios provienen de la información que las empresas sacan de sus usuarios y en algunos casos esta información ha sido usada para influir sobre su comportamiento. Unas herramientas que estamos utilizando como si fueran un servicio público, ¿sería necesario que los poderes públicos las hicieran suyas?

A mediados del siglo XIX la red de ferrocarriles comenzó a extenderse por toda Europa. La construyeron compañías privadas a menudo con concesiones públicas. Durante el siglo XX en la mayoría de los países las redes de ferrocarriles se nacionalizaron. Recientemente este proceso se ha revertido lentamente, pero se puede argumentar que la situación tiene analogías con lo que ocurre en algunos de los sistemas digitales actuales.

La venta de datos y la publicidad

Los fundadores de Google tuvieron la idea extraordinaria de poner en marcha un sistema de búsqueda de las webs conectadas a la red. Su uso es ahora ampliamente mayoritario y deviene casi imprescindible para moverse entre la enorme cantidad de sitios existentes. Sin embargo, la financiación de Google no procede del servicio que nos da, que parece aparentemente gratuito, sino de la venta de datos que el buscador proporciona y de la publicidad que incluye. Y hay que decir que sus gastos son muy elevados. Google utiliza algunos de los ordenadores más potentes que existen con un gasto eléctrico enorme, sin hablar de los sueldos de sus empleados en todo el mundo ni de sus beneficios.

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Si se hace muy difícil 'pasar' de Google, sí lo es aparentemente de Facebook o de las otras redes sociales. Su utilidad para relacionar individuos y grupos parece evidente porque sobre todo las jóvenes generaciones las usan extensamente, aunque haya alternativas que van cambiando con el tiempo. En este caso, tampoco sus usuarios pagan directamente por sus servicios sino que, indirectamente, los grandes gastos de infraestructura y de funcionamiento de estas empresas son cubiertos a partir de los datos de los usuarios que obtiene de su uso y por la publicidad que aparece de forma explícita o encubierta.

De las autoridades que elegimos esperamos que tomen decisiones para proteger a los ciudadanos

Con el reciente caso de Cambridge Analytica, una empresa que usaba los datos de Facebook para influir sobre las actitudes electorales de sus usuarios, esta contradicción sale a la luz. Incluso es posible que, como parece que su fundador ha aceptado ante el Senado de EEUU, se hayan vulnerado las condiciones que los usuarios constantemente aceptamos sin leerlas.

Por lo tanto, una alternativa sería que los poderes públicos asumieran aquellos servicios que ahora dan estas empresas y las gestionaran de forma abierta y, eventualmente, hicieran pagar un billete para transitar por él como pagamos un billete de los ferrocarriles que gestionan empresas públicas, sucesoras de las que se formaron con la nacionalización de los ferrocarriles privados. Habría que, por un lado, esperar que lo gestionaran de forma correcta y por otro, compensar a los creadores de estos servicios que tuvieron la visión y la capacidad técnica de ponerlos en marcha, aunque ya han acumulado fortunas considerables. Una alternativa es establecer regulaciones de estos servicios que se han desarrollado en un entorno de libertad muy favorable.

Proteger a los ciudadanos

La cuestión que se pondría, en el caso altamente improbable de que alguien siguiera estas modestas proposiciones, es quién nacionaliza. Las tecnologías digitales son por definición globales mientras que los responsables con poder de tomar decisiones son los estados-naciones consolidados los últimos siglos y es difícil que el actual presidente de EEUU se decidiera a hacerlo. Los actuales estados compiten entre ellos y miran con desconfianza cualquier actuación a nivel supranacional o global.

Pero de las autoridades que nosotros elegimos esperamos que tomen decisiones para proteger a los ciudadanos y para hacer que las nuevas tecnologías se desarrollen de forma que permitan su uso más favorable para ellos. Seguramente nacionalizar les sonará muy fuerte, pero velar porque su uso no tenga consecuencias no deseadas por los ciudadanos es una exigencia tan antigua como la misma política.

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