LA CLAVE

La mayoría de 66

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en una imagen de archivo.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en una imagen de archivo. / periodico

Albert Sáez

Albert Sáez

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A pesar de su exceso de cinismo -¿cómo no puede recordar que indultó a Alfonso Armada?-, Felipe González conserva intacto su olfato político, un talento que hoy tienen atrofiado la mayoría de los dirigentes, asfixiados por el márketing y las analíticas. En su oportuna intervención en 'Salvados' -el dinero empieza a estar harto de la pasividad de Rajoy-, el expresidente aseguró que si estuviera en la Moncloa, llamaría de inmediato a Oriol Junqueras para hablar.

Más allá del impacto emocional por el mensaje que le acababa de enviar el líder de Esquerra, lo cierto es que el partido republicano -igual que el PDECat, como explicó el mismo González- conserva su vocación de partido político y como tal acredita casi 90 años de férreas convicciones junto a una experiencia efectiva de gobierno. Tirar de ese hilo es la única oportunidad que queda de salir del laberinto catalán. Y el drama es que, para que el invento funcione, sería necesario encontrar otro hilo en la cúpula del Estado. ¿Se estaba ofreciendo González en aquella entrevista? Lo sabremos en las próximas semanas.

Mientras, el magistrado Pablo Llarena sigue haciendo de habilitado de Rajoy, no porque siga sus dictados sino porque sus decisiones judiciales ocupan el vacío en el ejercicio de las responsabilidades políticas del presidente. Y con el dinero de todos los españoles -catalanes incluidos como diría el diputado Carrizosa-, a pesar de los errores, sigue buscando una "investidura acertada".

Legislación y desidia

Legislación y desidiaEn este punto, el juez es víctima de una endiablada legislación española y de la desidia de quienes aprobaron la aplicación del 155 para convocar elecciones. Porque si quien defiende la independencia no puede ejercer de diputado por "riesgo de reiteración delictiva" entonces no le tendrían que haber dejado presentarse a las elecciones. Porque, una vez elegido, los derechos políticos que se lesionan no son los de Jordi Sánchez sino los de sus votantes, tan fundamentales como los de quienes no le votaron.

Así las cosas, una vez puesta de nuevo en evidencia esa contradicción legal, es ya el momento del gobierno efectivo en manos de los 66 diputados que suman Junts per Catalunya y Esquerra. No va más. Y que Puigdemont lo bendiga como "gobierno provisional" hasta que vuelva.