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EDITORIAL

Déficit de alquiler social

Es apremiante ampliar el parque de vivienda no sujeta a un mercado inflacionista

Una pareja chequea pisos de alquiler en una inmobiliaria de Barcelona. 

Una pareja chequea pisos de alquiler en una inmobiliaria de Barcelona.  / JOAN CORTADELLAS

Después del 'boom' inmobiliario se albergaron esperanzas de que la dantesca situación creada por la crisis económica se enderezara para no caer de nuevo en situaciones parecidas. Las consecuencias más nefastas, sin duda, fueron y siguen siendo la imposibilidad de hacer frente a los créditos hipotecarios y los consiguientes desahucios que han dejado a muchas familias en condiciones muy precarias. Al mismo tiempo, este panorama ayudó a la concentración de pisos en entidades bancarias, empresas especuladoras, fondos inversores o grandes tenedores que, por supuesto, no ven el problema de la vivienda como una emergencia social sino como un negocio.

Pero no ha sido así. A la gran cantidad de pisos vacíos, como resultado de las acciones judiciales o del despropósito de la burbuja inmobiliaria, se añade un factor que ayuda a entender la eclosión de la actual burbuja, la referida al alquiler. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, solo el 30% de los inmuebles de nueva construcción han sido adquiridos a través de hipotecas, lo cual indica que el resto se refiere a un mecanismo económico que tiene en cuenta que la inversión en viviendas es un negocio más rentable que invertir en bolsa.

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El alquiler, pues, se nos muestra como el gravísimo problema. Tanto por la descompensación entre la oferta y la demanda, como por el fenómeno de gentrificación y de los pisos turísticos. Asimismo, la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha permitido subidas astronómicas de los precios, una circunstancia que obliga –sobre todo a los jóvenes– a desertar de la ciudad. La llamada tasa de autocontención (seguir viviendo en el mismo lugar) ha disminuido y la tasa de sobrecarga (la cantidad que las familias dedican a la vivienda) se ha elevado hasta superar en un 65% a la media europea.   

Ante este panorama, el parque de vivienda social está bajo mínimos. En Barcelona y su área metropolitana, entre el 1% y el 2% del total. Ridículo, en comparación con ciudades como Ámsterdam (50%) o Viena (32%). La necesidad de aumentar considerablemente el porcentaje –con mayor cantidad de suelo para viviendas públicas de alquiler, medidas fiscales, reconducción de la LAU para evitar especulaciones, o la implantación de un índice oficial de precios de referencia– se antoja necesaria y apremiante.

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