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'La Generalitat no vale la pena

Jordi Mercader

El Gobierno catalán, entendido como una administración regional con las competencias para atender el bienestar, ha dejado de interesar al independentismo

Es sabido que el Gobierno catalán está congelado tras la intervención del Estado por causas de sobras conocidas. Camino del sexto mes de dicho castigo, las voces de quienes se quejan de las consecuencias prácticas de esta realidad apenas se oyen. El Parlament ni siquiera ha considerado la necesidad de un debate sobre los perjuicios para el país a corto y medio plazo de la falta de decisiones políticas y administrativas, así como la imposibilidad de planificar nada que se salga de la burocracia. El balance de la intervención o no es grave o no es prioritario.

Los funcionarios y los altos cargos en ejercicio acuden al trabajo sin mayor resistencia; los responsables políticos del Gobierno central, salvo aplicar algunos ceses de carácter expiatorio, no asumen desde la lejanía otra responsabilidad que no esté prevista en los papeles de hace meses, en muchos casos ni tan solo dirigen el sotogoverno. Unos resisten sin obstrucción y los otros ahogan el futuro sin apretar en demasía para no dejar huellas.

La rutina permite sobrevivir a la Administración general y a los servicios públicos sin que los usuarios manifiesten una grado de insatisfacción diferente al expresado antes del 155. Algunas quejas en Sanidad, unos retrasos económicos en I+D, la reclamación de unos fusiles nuevos en los Mossos y poca cosa más. Así, claro, no despiertan la mala conciencia de la mayoría parlamentaria mucho más pendiente de cómo retrasar la recuperación del Gobierno de todos los catalanes para internacionalizar más eficazmente la suerte del 'procés' que tanto interesa a la mitad del electorado.

El Gobierno catalán, entendido como una administración regional con las competencias para atender el bienestar, ha dejado de interesar al independentismo, pero las atribuciones se siguen ejerciendo sin mandato parlamentario y sin ninguna crisis de servicio, porque de existir, o reconocerla, deberían atenderla de forma urgente. Y esto no forma parte del plan. La institución fue estrenada por los republicanos en el 31, adornada con la denominación medieval de Generalitat, y heredada por la Constitución antes incluso de ser redactada; no es un invento independentista, lo que explicaría el desinterés, y no está asociada a la soberanía integral, por muchas vueltas que se le dé.

Las declaraciones habituales justificarían la especulación a la que están sometiendo a la Generalitat como una demostración de que la fórmula no vale la pena en estas condiciones. Tal vez en esto triunfen y consigan que la perdamos. La ANC lo ha dicho claro, no le preocupa tanto que no haya Gobierno como que Puigdemont pueda dirigirlo, porque si él no puede, la causa se internacionaliza mejor. Esta es la prioridad pues, aun corriendo el peligro de que se extienda la conciencia de que los servicios pueden ser prestados de la misma forma por una administración propia que por unos delegados designados por el gobierno central; entonces también se cumpliría el diagnóstico de que la Generalitat no vale la pena, aunque en sentido contrario al prometido.

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