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Contrapunto

Los Presupuestos y la tensión independentista

Salvador Sabrià

A medida que se han podido analizar con más detenimiento los contenidos detallados del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2018 han aparecido elementos que rebajan el nivel efectivo de las promesas de nuevas ayudas públicas o de beneficios para las clases más desvaforecidas. No se trata de que no existan como tales, sino que su aplicación, si llegan a aprobarse las cuentas, será mucho más dilatada en el tiempo de lo que se había anunciado, y en algunos casos no será plenamente efectiva hasta el 2019. Un año, por cierto, más electoral que el 2018. El ejemplo más claro es el de la cacareada rebaja fiscal, con la elevación del mínimo exento en el IRPF de 12.000 euros a 14.000 para salarios y pensiones, y aumentos de las rebajas vigentes para rentas de hasta 18.000 euros. La mejora, calculada y anunciada a bombo y platillo por el Gobierno, equivale a una cifra anual de unos 440 euros. Pero, oh sorpresa, no se notará toda durante este ejercicio, sino solo la mitad, pese que al publicitarse su carácter retroactivo desde el 1 de enero daba la impresión que se ingresaría íntegramente este año. Son pequeños detalles…pero el anuncio y sus efectos ya están hechos.

Alemania le pone más difícil aún al PNV apoyar las cuentas del Estado si se mantiene el 155

Hay otros aspectos menores que hacen dudar también de la exactitud real de los cálculos en los que se basa este proyecto. No se incluye el coste anual del rescate de las autopistas quebradas, que el propio Gobierno cifró en su momento en un mínimo de 1.000 millones de euros. Es la misma cifra que costarán las subidas adicionales de la mayoría de las pensiones. Además, como sucede en una cama con la sábana demasiado corta, cuando se tira para cubrir un lado se queda al descubierto el otro. En este caso quedarán afectados negativamente los hogares con menos ingresos que reciben ayudas públicas porque se ha congelado el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, más conocido por sus siglas IPREM, y esta medida afectará negativamente a un gran número de subvenciones.

Pero el principal problema del proyecto continúa siendo la falta de suficientes apoyos parlamentarios para aprobarlos. Los cinco votos imprescindibles del Partido Nacionalista Vasco (PNV) pueden resultar aún más difíciles de conseguir para Mariano Rajoy si este persiste en mantener la vigencia del artículo 155 en Catalunya tras el varapalo judicial que le dio el tribunal alemán que rechazó el delito de rebelión en el caso de Carles Puigdemont al dejarlo en libertad bajo fianza.  Un problema añadido es que mientras el PP intenta ganar tiempo y retrasar al máximo el debate de las enmiendas a la totalidad, al partido del Gobierno le van creciendo los enanos, con el caso Cifuentes en lugar destacado, y a Ciudadanos, adalid de la lucha contra la corrupción,  cada vez se le hace más difícil justificar su apoyo.

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