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Carles Puigdemont, tras salir de la cárcel de Neumünster. 

CARSTEN REHDER

La imagen exterior de la justicia española

La negativa de la justicia alemana a extraditar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión ha caído como un mazazo sobre el Gobierno y la justicia española, y en paralelo ha disparado la euforia en las filas del independentismo. Ambas reacciones resultan a todas luces desproporcionadas.

El juez que cursó la euroorden, Pablo Llarena, no descarta mantener el procedimiento, pero antes se plantea, con el apoyo de la fiscalía, litigar contra la justicia germana mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), con sede en Luxemburgo. Un recurso que, de materializarse, paralizaría durante meses las peticiones de extradición. Y que, de saldarse con un revés de Luxemburgo, empañaría aún más la imagen exterior de la justicia española.

Ni la justicia alemana ni la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aprecian que los brotes de violencia del 1-O concuerden con los delitos de alta traición o rebelión. En vez de aferrarse a su relato, el instructor debería revisarlo si aspira a que lo valide el tribunal que juzgará los hechos.

El relato del independentismo, por su parte, ha presentado el auto del tribunal germano como una victoria sin paliativos, obviando que el escrito niega que Puigdemont esté siendo perseguido por motivos políticos y que lo aleja definitivamente de la investidura, al abrir la puerta a su entrega por un delito de malversación, igualmente castigado con pena de cárcel.