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ANÁLISIS

Escalada represiva y nuevo escenario

Enric Marín

Cuanto más avanza el Estado en la política represiva en Catalunya, más avanza en su propia crisis, y más difícil le será rectificar

Con la detención del presidente Puigdemont en Alemania, el posicionamiento de la CUP en la sesión de investidura de Jordi Turull, la interlocutoria de procesamiento del juez Llarena y el salto represivo con más exilio y presos políticos, el proceso soberanista entra inevitablemente en una nueva fase. Desmarcándose ostentosamente de JxCat y ERC, la CUP pasa a ser una fuerza complementaria sin margen para incidir de manera sensible en la definición de las nuevas líneas estratégicas del soberanismo. Un replanteamiento obligado por la evidente caducidad de la llamada hoja de ruta de los últimos años.

En medio de una inevitable confusión, empieza a abrirse camino convicción de que las fuerzas independentistas han cometido, como mínimo, tres errores importantes: no entender que la deficiente calidad de la democracia española exigía mayorías sociales más amplias, fijar un calendario rígido que aún ha propiciado más errores de precipitación y confiar ingenuamente en el papel moderador de la UE. 

El tronco central del independentismo ya sabe que precisa repensar la estrategia. Abandonada toda pretensión de ganar el pulso del Estado con un movimiento rápido, el conflicto adopta la forma de una lenta partida de ajedrez. Una partida en la que exige definir acuerdos programáticos y de gobierno que incorporen todas las fuerzas sociales y políticas republicanas contrarias al 155. La alternativa seria elecciones en julio.

Con el tiempo en contra

En este nuevo escenario, la gestión del tiempo juega en contra de los poderes de Estado. Y el soberanismo catalán aún tiene una segunda ventaja: la incapacidad del Estado para cambiar o modular su estrategia. Una estrategia fundamentada en el grave error inicial de pensar que se podría derrotar al soberanismo catalán aplicando una variante de la plantilla vasca. Es decir, delegando la política a la presión judicial, policial y mediática, tratando a los líderes independentistas estrictamente como delincuentes. Se trata de un error tan colosal que acaba corrigiendo todos los errores del soberanismo. Después de haber manoseado a gusto el poder judicial, el Gobierno central tiene un problema añadido con la actuación del juez Llarena.

El poder judicial es suficientemente dependiente del ejecutivo como para haberse lanzado de forma imprudente a reprimir el movimiento soberanista, pero suficientemente autónomo como para continuar su acción sin ningún criterio de oportunidad política. Y ello ya es un problema de Estado, dada la absoluta inconsistencia de una interlocutoria que intenta demostrar la existencia quimérica de un delito de rebelión.

Malas noticias

El dispositivo puesto en marcha por Sáenz de Santamaría está fuera de control. Y, aunque pueda parecer paradójico, la retención de las autoridades alemanas del presidente Puigdemont no es la mejor noticia para el Gobierno de España. A estas alturas, que el PNV no se preste a aprobar los presupuestos generales ya no es el principal problema del Estado. Es, solo, el más inmediato, el más visible. Cuanto más avanza el Estado en la política represiva en Catalunya, más avanza en su propia crisis. Y más difícil le será rectificar.

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