Cuando el Supremo manda en la política

Hace tiempo que el independentismo se equivoca y encima reincide. El fracaso de Jordi Turull en su investidura es otro ejemplo. Creer que con el 47% se tiene un mandato democrático y que se puede gobernar un país de la UE con la CUP como bisagra imprescindible es propio de indocumentados. O irresponsables.

Pero el fallo descomunal –lo hemos visto con el auto de procesamiento del juez Llarena– fue la declaración de independencia del 27-O. Se pueden cometer muchos errores sin, al final, lanzarse al precipicio. Es lo que hizo el gobierno de la Generalitat pese a las serias advertencias del conseller Santi Vila (PDECat) y del de Justícia, Carles Mundó (ERC).

La posibilidad de procesamiento

La DUI sacó el pleito independentista de la arena política y lo llevó de cabeza al terreno del Código Penal y del Tribunal Supremo. Todo es opinable y doctos penalistas sostendrán que no hay delito o que no hay rebelión. Está bien para discutirlo en un seminario universitario, en la prensa o en el parlamento, pero todo gobernante avisado debía saber que un auto de procesamiento era una posibilidad seria. 

Que por miedo escénico a reconocer que la independencia prometida –desde que Artur Mas quiso ser mas astuto e importante que Jordi Pujol– era imposible, el gobierno de la Generalitat corriera el riesgo de tirarse al precipicio y de arrastrar al país fue una irresponsabilidad. 

Reconciliación nacional

Puigdemont debía haberse tomado en serio la frase que se le atribuye: «Prometí ser el president que conduciría Catalunya a la preindependencia y no quiero ser el que la deje en la preautonomía». Pues si el independentismo no rectifica, envía al cole a alguno de sus voceros e intenta un pacto transversal con un programa de «reconciliación nacional» (las palabras que Carrillo proponía para acabar con el franquismo), ahí corremos el riesgo de acabar. 

Aunque haya nuevas elecciones –que de momento incrementarían la incertidumbre– la política catalana y la atención de la opinión pública ya no se centrará en el Parlament sino, en gran parte, en el Código Penal. Por su parte la política española respecto a Catalunya se ha desplazado de La Moncloa al Supremo. Y que la sala de apelaciones del Supremo no pusiera en libertad a Joaquim Forn –pese a la petición de la fiscalía por orden superior– indica que quizá estemos entrando en el gobierno de los jueces, lo que alguien tan poco sospechoso de secesionismo como Felipe González cree peligroso.  El respeto al Estado de Derecho es una de las conquistas de la razón política. Pero la misma razón indica que lo más sensato para afrontar demandas de más de dos millones de personas no debe ser la interpretación del Código Penal.

Pero la realidad es que hoy Catalunya y España están pendientes del Código y del Supremo. Muchos tienen culpa. Rajoy por recurrir a lo bestia un Estatut aprobado por las Cortes. Zapatero por escaquearse de lo que había alentado. Montilla y Mas por no hacer frente común. Pero los definitivos son los que se lanzaron al precipicio, aquellos a los que el Supremo acusó ayer de rebelión.