EDITORIAL

El estéril pulso con el Estado

Torrent impulsa una investidura exprés para perpetuar el choque institucional

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Jordi Turull y otros entonces dirigentes de Convergència acompañan a Oriol Pujol a declarar por el ’caso ITV’ en el Palau de Justícia, en abril del 2014.

Jordi Turull y otros entonces dirigentes de Convergència acompañan a Oriol Pujol a declarar por el ’caso ITV’ en el Palau de Justícia, en abril del 2014. / Joan Cortadellas

Después de tres meses de bloqueo político, la noche del miércoles, por teléfono, a toda prisa, el presidente del Parlament, Roger Torrent, efectuó una urgente ronda telefónica de consultas para, forzando procedimientos y plazos, convocar para hoy la sesión de investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat. Tanta prisa después de mantener el reloj de la investidura detenido durante semanas no obedecía a una súbita necesidad de dotar a Catalunya de un Govern, sino para escenificar el enésimo capítulo procesista de choque institucional entre la Generalitat y el Estado. Horas antes, en otra decisión que añadir a la larga lista de medidas que transitan en una precaria línea entre la justicia y la política, el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena había anunciado que el viernes hará público el auto de procesamiento contra seis de los encausados por los hechos del pasado mes de septiembre y octubre. Los seis son Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Marta Rovira, y en el auto el magistrado concretará de qué delitos se les acusa. En caso de que les procese por rebelión, procede la suspensión automática de cargo público. Es decir: el viernes Turull puede ser inhabilitado e incluso, si Llarena revisa las medidas cautelares, puede regresar a prisión.

Ante esta tesitura, el bloque independentista, con la colaboración de Torrent, se ha apresurado a convocar la investidura. El objetivo es evidente: no es lo mismo que Llarena suspenda de cargo público al diputado Turull que al 'president' Turull. De lo que se trata, en definitiva, es de escenificar a lo grande un nuevo y estéril choque con el Estado, en la línea iniciada el 6 y 7 de septiembre y que desde entonces no ha hecho más que encallar a Catalunya en una vía muerta. Las decisiones de Llarena pueden ser discutibles, como algunos expertos legales apuntan, pero lo que no es de recibo es la utilización partidista y frentista del Parlament (representante de todos los catalanes, no solo de una parte) para perpetuar un pulso que no lleva a ninguna parte. Hoy no se pretende investir un Govern que gobierne de forma efectiva, como Torrent y otros dirigentes de ERC habían solicitad. Hoy se refrendará que Catalunya sigue enfangada en el procesismo y que el bloque independentista sigue sin pensar en el bien del común de los catalanes.