'Sophia' castiga, no salva

Solo en el 2017, más de 3.000 personas que huían de conflictos armados y crisis humanitarias encontraron su muerte en el mar Mediterráneo. Una de las pocas organizaciones humanitarias que trabajan en la orilla sur del Mediterráneo es Proactiva Open Arms. La ONG catalana se enfrenta desde el domingo a una acusación en Italia por actividad criminal. Uno de sus buques de rescate, el 'Open Arms', está anclado en puerto a la espera de recuperar la documentación para poder navegar y tanto el capitán del barco como la jefa de misión han tenido que declarar en comisaría. De momento, el Gobierno español no se ha pronunciado al respecto. Este último movimiento de la policía y la justicia italianas sigue a otros casos más de persecución a activistas y oenegés que trabajan con migrantes o solicitantes de asilo en el Mediterráneo.

Ya en el 2015, en plena crisis en Siria, y ante la llegada incesante de solicitantes de asilo, la Unión Europea sustituyó las misiones de rescate naval 'Tritón' y 'Poseidón' (de apoyo a Italia y Grecia, respectivamente) por la Operación militar Sophia, con el mandato de perseguir, identificar y detener el tráfico ilegal de seres humanos en el mar Mediterráneo. Se dejó así atrás la prioridad de rescatar y se puso como objetivo principal la lucha contra el crimen organizado. Este cambio de visión, de perspectiva y de análisis del escenario, trajo consigo consecuencias devastadoras para todas aquellas personas que después de innumerables violaciones de derechos humanos, sufrimiento y peligros, consiguen salir de sus estados y huir para pedir asilo.

Acuerdo con Libia

En línea con la Operación Sophia, se firmó un acuerdo con Libia para poder controlar los barcos que salen de sus costas y devolver a esta aquellos migrantes irregulares encontrados en el mar antes de que entren en aguas europeas. En noviembre del 2017, el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tildó ese acuerdo de “inhumano”. Las cárceles libias llevan una década en el punto de mira por sus constantes violaciones de derechos y la situación inhumana -literalmente- en que se encuentran miles de personas cuyo único delito ha sido huir de la barbarie. Además, devolver personas a Libia sin haber dado la oportunidad de solicitar asilo viola el principio de 'non-refoulement' (no devolución) amparado por la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, de la cual son firmantes Italia y España, entre muchos otros.

Perseguir a quienes salvan vidas -sustituyendo así la obligación legal de los estados y de cualquier navío o patrulla marítima- es no solo reprobable ética y políticamente sino perseguible por la justicia internacional. Si la falta de movilizaciones constantes a favor de la acogida de refugiados ya es vergonzante, perseguir a quienes realizan salvamento sin ningún tipo de ánimo de lucro es deleznable. Europa baja, una vez más, un peldaño hacia la indignidad. Como en el caso del acuerdo UE-Turquía, con Libia se pone precio a las vidas humanas: el del gas que proporciona a Europa.