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ANÁLISIS

Venezuela ya no es una democracia. Algunos la consideran una dictadura, otros un Estado fallido. En todo caso en el momento en que el país afronta unas elecciones presidenciales a las que no puede concurrir libremente la oposición, la salida a la peor crisis latinoamericana de este siglo no se intuye que venga por las urnas.

Con las negociaciones rotas, en un país donde se han ido recortando todas las opciones democráticas, a la oposición ya solo le quedan los disturbios y las protestas callejeras para poner en evidencia la deriva autoritaria. La respuesta de los militares a la inseguridad cada vez más extendida es ahora mismo determinante para saber el futuro político de un país destrozado, donde el ruido de sables vuelve a aparecer de fondo. 

El descontento y las carencias no excluyen al Ejército. Pero la posibilidad de un golpe, cuyo rumor siempre ha estado en la trastienda, no es evidente. Hugo Chávez, paracaidista, llevó a sus fieles a la cúpula del Ejército; Nicolás Maduro en cambio conductor de autobús, temeroso de perder ese poder les entregó los resortes económicos del país. Generales del Ejército controlan el petróleo que riega las arcas venezolanas. Otros altos cargos del Ejército se encargan de la economía oscura, desde el estraperlo al control de una de las principales riquezas ocultas, el tránsito de cocaína desde Colombia a EEUU y a Europa. Con un sistema judicial sectario que solo persigue opositores, esta corrupción queda totalmente impune y hace de Venezuela uno de los países con mayor índice de homicidios del mundo.

A pesar del descontento de algunos mandos, Maduro y los militares que controlan el Ejército se necesitan mutuamente.  Por si acaso además el presidente tiene a las milicias bolivarianas dispuestas a defender “la revolución” hasta la muerte. Un riesgo cada vez mayor. Porque la idea de una restauración pacífica es residual, y si todas estas fuerzas colisionan de golpe, el ruido al caer será el anuncio de una guerra civil.

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