La gran mentira de las pensiones

Hay una falacia y una confusión que emborronan el debate sobre las pensiones. La falacia es que falta dinero para sostenerlas. Lo que falta es convicción y voluntad políticas para abordar con prioridad una reforma del sistema público de pensiones que las asegure y dignifique. Prioridad, por ejemplo, sobre la obsequiosidad del Gobierno con la banca, la cual no va a devolver 40.000 millones de euros del rescate público del 2012. Entonces sí hubo voluntad --y desvergüenza-- para regalar esa suma sin exigir a cambio ni siquiera una parte del inmenso parque de viviendas que la Gran Recesión dejó varado en manos de las entidades financieras, y que habría podido constituir el embrión de la primera política de vivienda pública merecedora de ese nombre en España.

Y la confusión, bastante extendida, es que el sistema de pensiones se financia con lo que cotizaron en su día los jubilados actuales. Esto no es así. Las pensiones de los trabajadores retirados salen de las cotizaciones de los que están en activo.

Una tormenta perfecta

Este factor, combinado con las realidades económica, laboral y demográfica, explica el agotamiento del sistema de financiación de las pensiones públicas. La hucha de las pensiones creada tras el Pacto de Toledo ha volado en menos de diez años de crisis. El desempleo, la devaluación salarial y la precariedad laboral hunden la recaudación de cotizaciones a la Seguridad Social. Y la curva demográfica pone a la generación del baby-boom en puertas de la jubilación masiva. Una tormenta perfecta, agravada por el desinterés del Gobierno y de parte de la oposición.

La inviabilidad del sistema de pensiones es estructural y si no se interviene solo puede aumentar. Los pensionistas reclaman un nuevo sistema de financiación que se nutra de los impuestos en vez de las cotizaciones, como se hizo en los años 90 con la sanidad.

Se puede, se debe discutir sobre la viabilidad de esta u otras propuestas; lo que no es de recibo es menospreciar el problema y pretender zanjarlo con limosnas como las que ha sugerido el Gobierno de Rajoy para tratar de apaciguar la revuelta de los pensionistas.