Opinión | EDITORIAL
Puja electoral con las víctimas de crímenes
La subasta al alza de la prisión permanente revisable obedece a la competición electoral que enfrenta a los partidos de centroderecha
El pleno del Congreso rechazó este jueves el endurecimiento de la prisión permanente revisable, una medida aprobada en el 2015 durante la mayoría absoluta del PP, y podrá proseguir así el trámite para su derogación. El rechazo estaba previsto porque los partidos no habían variado sus posiciones pese a sucesos que han conmocionado al país como el del crimen del niño Gabriel Cruz, pero el pleno se convirtió en un espectáculo bronco y lamentable, plagado de detalles escabrosos, de demagogia y de utilización del dolor de las víctimas, con apelaciones incluso a la tribuna de invitados, donde se sentaban familiares de los casos de los asesinatos más mediáticos.
Pese a las afirmaciones sobre la protección de las víctimas y la necesidad de hacer justicia castigando con más dureza a los delincuentes, lo cierto es que esta subasta al alza de la prisión permanente revisable obedece a la competición electoral que enfrenta a los partidos de centroderecha. Ciudadanos -que firmó en su fallido pacto de investidura con el PSOE en el 2016 la derogación de la medida- ha cambiado de opinión en busca del voto más derechista y ha facilitado un debate que los socialistas y el PP habían pactado aplazar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
C's propuso mientras tanto endurecer el tercer grado penitenciario y el PP contraatacó con la ampliación de delitos afectados y se sirvió de las víctimas como ya hizo con los asesinados por ETA. Ambos partidos lanzaron a los familiares contra el PSOE, que, por su parte, no supo explicar con argumentos jurídicos el hecho de que, como defienden muchos expertos, la prisión permanente es innecesaria en España.
Es cierto que la prisión permanente revisable está presente en la mayoría de los países europeos. Pero el PP y C's olvidan que en España los presos pueden cumplir condenas efectivas de 30 o 40 años y que el Código Penal español es uno de los más duros de Europa con un índice de criminalidad que es el tercero más bajo. En España, además, los plazos de revisión son muy largos, un mínimo de 25 años, mientras que en Alemania, por ejemplo, la condena se revisa a los 15 años. La derogación de la medida, una iniciativa del PNV, es una decisión razonable, que no debe suscitar escándalo alguno, y mucho menos aprovechar sucesos dramáticos para legislar a golpe de emociones.
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