Torrent, frívolo e irresponsable

El presidente del Parlament es incapaz de comportarse como una autoridad que representa a todos los catalanes

El presidente del Parlament, Roger Torrent.

El presidente del Parlament, Roger Torrent.

Joaquim Coll

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Tampoco esta semana el Parlament va a poder investir a nadie, aunque esta vez debería ya ponerse en marcha la cuenta atrás para que se desencalle la situación o vayamos a nuevas elecciones. El 30 de enero, Roger Torrent hizo la trampa de aplazar sine die el pleno de investidura de Carles Puigdemont, congelando el plazo de dos meses. A principios de febrero, los letrados resolvieron que el presidente de la Cámara podía activar el reloj con una comunicación oficial o convocando un pleno equivalente a una primera votación. Ha pasado un mes y Torrent no solo no ha hecho nada, sino que ante la ausencia de Jordi Sànchez en el pleno previsto inicialmente para este lunes ha vuelto a hacer lo mismo, suspensión sin fecha. El viernes aseguró que esperaría la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la defensa se ha echado para atrás porque son nulas las posibilidades de que Estrasburgo dicte medidas para que el candidato salga de la cárcel.

Si la investidura del huido Puigdemont era inviable por ser imprescindible su presencia física en el Parlament, la de Sànchez no lo es menos. El magistrado Pablo Llarena ha redactado un auto muy extenso donde razona la negativa a dejarle asistir al pleno de su investidura. Argumenta que Sànchez, en tanto que líder de la ANC, formaba parte de "un concierto de voluntades" bifronte para forzar al Estado a aceptar la república catalana. Mientras el Parlament aprobaba una aparente legalidad secesionista, las entidades soberanistas agitaron e instrumentalizaron las movilizaciones populares en el marco de una estrategia de desbordamiento de la legalidad, que en algunas casos desembocó en actos violentos acreditados.

Finalmente, concluye que el riesgo de reiteración delictiva del encausado no ha desaparecido, pues se integra en una candidatura (JxCat) que persigue implementar la república declarada, se niega a reconocer la autoridad judicial del Estado, y su compromiso con la legalidad es contradictorio con otras proclamas o con un acuerdo de legislatura que persigue impulsar la efectividad de la secesión. El escrito de Llarena es demoledor para Sànchez y un anticipo del escrito de acusación. Todos los comentaristas que tan categóricamente niegan la existencia de los delitos de sedición y rebelión harían bien en leerlo.

Cuando la investidura de Puigdemont, Torrent también anunció que recurriría a la justicia europea, cosa que tampoco hizo porque los de JxCat se opusieron de forma categórica. Sabían que no tenía recorrido. El presidente del Parlament está actuando de forma frívola e irresponsable. Por un lado, es incapaz de desobedecer porque teme ser inhabilitado y poner fin a su carrera política, pero el 27 de octubre pasado fue uno de los protagonistas de la DUI. Por otro, se dedica a hacer discursos institucionales incendiarios acusando a la magistratura de prevaricar y luce su lazo amarillo en todo tipo de actos. No solo es incapaz de comportarse como una autoridad que representa a todos los catalanes, sino que se niega a poner en marcha la cuenta atrás para salir de esta farsa que no conduce a ninguna parte.