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Análisis

No hay que añadir demasiado para entender el lío en el que está la financiación autonómica y comprender de qué hablamos cuando se reivindica un mejor trato fiscal

El Consejo General de Economistas que preside el catalán Valentí Pich acaba de sacar una publicación, encargada a Antonio Pulido San Román, catedrático de Econometría en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Centro de Predicción Económica (CEPREDE) y Julián Pérez García, director del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de la misma Universidad, bajo el título de 'Riesgos e incertidumbres de futuro de la Economía Española'. Es curioso que el Consejo, bastante presente en los medios para visualizar entre otras las disparidades fiscales entre autonomías y los excesos de presión fiscal catalana, no haya logrado que se preste atención a un capítulo bastante notorio del trabajo.

Efectivamente, el texto contiene un análisis de riesgos en torno al proceso secesionista, que identifica incertidumbres siempre a futuro, nunca probadas, como admiten en los datos, en sus fases más duras, con crecimientos en Catalunya por encima de España. Y computa sorprendentemente el efecto directo, e indirecto, que supondría para Catalunya una financiación como la de las comunidades forales.

Trasladado el cambio que ello supondría al consumo privado, permite a los autores estimar,  a través de las tablas' input-output' interregionales, efectos directos con un impresionante aumento de 5,2 puntos de aumento del PIB. El estudio se hace partiendo de un déficit fiscal, en opinión de muchos, incluso mucho menor al real, ya que usa datos de las Cuentas Regionales Territorializadas del Ministerio de Hacienda. Estas como se sabe no son en realidad balanzas fiscales (aunque se han apropiado del nombre), y dan cifras muy por debajo (la mitad) de las estimadas en Catalunya según metodología del Instituto de Estudios Fiscales y datos del INE e IGAE.

Déficit fiscal

Pasar de un déficit de 9.892 millones anuales a un superávit de 10.477 provocaría, en lo que debe verse como una estimación a la baja, la creación de 201.683 empleos en Catalunya. Los autores estiman que del alza de 5,2 puntos cabría restar por menor importación a Catalunya de las comunidades empobrecidas, lo que podría reducir el alza a la mitad.

Pero a su vez el cálculo no cuenta con la sustitución de esas exportaciones catalanas ni el empuje exterior que el aumento de renta y empleo en la comunidad podría suponer para una economía hoy en superávit comercial, por lo que los efectos indirectos que aminoran el aumento del 5,2 puntos deben tomarse con más cautela. En cualquier caso, las cifras impactan y revelan el drama que vive la economía catalana y la explicación de que el Estado se cierre en banda contra el pacto fiscal. Un pacto generador de pérdidas de PIB en la mayoría de otras comunidades -según el tamaño de la subsidiación que reciben-, aunque el impacto global para España como un todo es casi nulo.

Creo que no hay que añadir demasiado más para entender el lío en el que está la financiación autonómica en la actualidad, y comprender de qué hablamos cuando se reivindica un mejor trato fiscal. Puede sorprender a algunos el resultado del cómputo económico, pero no puede sorprender su lectura política.
 

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