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El Supremo ha subsanado la injusticia que cometió la Audiencia Nacional con Cassandra Vera. Es un alivio para todos y una prueba de que España, mal que pese a los más agoreros, no se ha convertido en Turquía, al menos de momento. La diferencia entre un Estado que actúa en ocasiones con autoritarismo y un auténtico Estado autoritario es que en el primero es posible recurrir a instancias superiores y además pueden criticarse públicamente las decisiones de los jueces. Es importante recordar esta diferencia. Si queremos mejorar este país más nos vale saber dónde está la casilla de salida. 

Pero tampoco nos vengamos arriba. La absolución de Vera ha sido el colofón a unas semanas catastróficas para la libertad de expresión. El mismo Supremo ratificó la condena de tres años y medio contra el rapero ValtonycValtonyc,  se condenó a Pablo Hásel, y fuimos testigos de una  decisión judicial ridícula: el secuestro de 'Fariña', el superventas de Nacho Carretero, que la editorial Libros del KO no podrá reimprimir por el momento. 

Yo no me conformo con vivir en un país mejor que Turquía. Yo quiero vivir en un país libre, y esta España de la 'ley mordaza', del artículo 578 y del 510 va camino de dejar de serlo. La absolución de Vera deja de ser una buena noticia en cuanto miramos alrededor. Es un alivio, un paliativo del dolor, pero nuestra libertad de expresión necesita cirugía y quimioterapia. 

Cassandra está de suerte, pero sería ingenuo olvidar que sobre ella pesa otra condena de la que no podrá librarse. Es la que le impone la justicia paralela de las redes sociales, ese monstruo poliforme que yo llamo poscensura. Ahora mismo, miles de tuiteros con menos escrúpulos de los que tuvo ella abominan de la absolución, insultan a Vera y rescatan pantallazos de tuits de mal gusto por los que ni siquiera fue denunciada. Este jurado temible lanza la pelota más allá del legislativo y del judicial. La ponen en el tejado de una sociedad que no sabe convivir con la libertad.