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La lacra de la corrupción

Legitimando al chivato

Ester Oliveras

La protección y garantía del anonimato de quien denuncia un fraude resulta un elemento clave

La corrupción aparece cada día en los medios: declaraciones, respuestas a las declaraciones, sentencias, o entradas en prisión. El fraude es una lacra que cuesta millones de euros a inversores y ciudadanos. Por desgracia, no se pueden tener datos reales y globales de las pérdidas por corrupción y tenemos que recurrir a casos que ya han sido descubiertos y sentenciados. En tramas complejas, las cantidades son muy elevadas y casi imposibles de recuperar en su totalidad, tal y como ha sucedido con el 'caso Palau'.

Aparte de las pérdidas económicas hay que añadir los costes judiciales y el tiempo necesario para desenredar las tramas.  Por todo esto, se ha llegado a la conclusión de que en el tema de la corrupción, como en la salud, prevenir es mejor que curar.

Como en  cuestiones de salud, para combatir la trampa es mejor prevenir que curar

Para poder abordar la prevención del fraude, primero hay que entender qué situaciones favorecen su aparición. En 1973, el criminólogo Donald Cressey, tras interrogar a 250 delincuentes, concluyó que para que alguien cometa un crimen son necesarias tres condiciones: presión percibida, oportunidad y racionalización. Es el 'triángulo del fraude'.

Dos de las variables tienen un fuerte componente psicológico. Por un lado, la presión percibida podría ser, por ejemplo, la sensación de tener que proveer para toda la familia, la necesidad de mantener un nivel de vida no acorde con las posibilidades reales o, simplemente, la avaricia de acumular. Por otro lado, la racionalización consiste en la explicación que la persona se da a sí misma para justificar su conducta. El ser humano intenta que sus creencias y acciones sean coherentes y, cuando no lo son, busca un argumento para quedarse tranquilo.

Por ejemplo, una persona puede pensar que "robar está mal" pero que es "legítimo llevarse dinero de la caja porque trabaja muchas horas extras que nadie remunera y ni siquiera se le agradecen". Estas variables dependen de la educación, la integridad personal, y el grado de honestidad que uno tenga con uno mismo.

La tercera de las variables del triángulo, la oportunidad, es más objetiva y comprendería aquellas situaciones de la organización, pública o privada, en la que es posible defraudar. Aquí cabe añadir que hay personas que enseguida detectan estas oportunidades y otras que ya no las buscan o, al menos, no las explotan.

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La mayoría de las medidas que aparecen en legislaciones nacionales y en normativas de organizaciones empresariales se dirigen a evitar estas oportunidades: regular la aceptación de regalos, limitar cargos en el tiempo o incrementar consejeros independientes, entre otros. Entre estas medidas, se ha demostrado que la protección de los denunciantes del fraude es un elemento clave y, en muchos países europeos, ya existen protecciones y garantías de su anonimato. En nuestro país, en cambio, aunque hay una proposición no de ley sobre este tema desde el 2016, esto no parece ser tan urgente. En un país donde denunciante se traduce por chivato -con el elevado contenido peyorativo de la palabra- esta protección es mucho más necesaria que en otros países.

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