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ANÁLISIS

Una maldad impronunciable

Luis Mauri

La amenaza al consenso sobre la lengua catalana puede brindar al independentismo el salto de la cota del 50% que tanto ansía y que las urnas le niegan

Algún pecado horrible, alguna ofensa deshonrosa, alguna maldad impronunciable ha debido cometer este país en algún momento de su historia para merecer el castigo al que lo someten sus gobernantes. El castigo al que, en suma, se someten los votantes ante las urnas.

No hay en Catalunya ningún problema con la lengua. Ni en las aulas ni en las calles. No hay ningún problema, como no sean los que algunos aprendices de brujo se afanan en crear de forma tan artificial como políticamente irresponsable. Hasta el hispanoargentino Juan Domingo Lagarto De la Cruz, exjugador del Barça de baloncesto, ha creído necesario dejarlo claro: “Soy sudaca. 25 años en Barcelona y 20 en Mallorca. Nunca tuve problemas [con el catalán], lo entiendo perfectamente aunque no lo hablo”.

Además de un sistema de comunicación y una seña de identidad cultural, la lengua es un instrumento de inclusión social. Sin rodeos ni eufemismos: en Catalunya, el aprendizaje del catalán ha permitido desde los años 60 a los hijos de la inmigración, mayoritariamente en situación de desventaja económica, no añadir a sus mochilas un lastre mayor de desigualdad.

Falacia desmontada

Tanto las pruebas de la Generalitat como del Ministerio de Educación desmontan la falacia de que el castellano está postergado o maltrecho en la educación de los catalanes. En el 2017, la nota media en lengua castellana de los estudiantes catalanes que se examinaron de selectividad fue prácticamente calcada de la media española: 6,41 y 6,45, respectivamente. En las pruebas de competencias básicas que realizó la Generalitat ese mismo año, la puntuación media de catalán en 6º de Primaria (75,8 sobre 100) era ligeramente superior a la de castellano (73,4). Pero esta relación se invertía en 4º de ESO: 77,2 en castellano y 74,6 en catalán. ¿Significa esto que no hay diferencias de rendimiento significativas entre los escolares catalanes? No. Por supuesto que existen diferencias. Pero estas no vienen determinadas por la condición castellanohablante o catalanoparlante de los alumnos, sino por sus desigualdades socioeconómicas, como no se harta de repetir Ismael Palacín, director de la independiente Fundació Jaume Bofill.

Entonces, ¿por qué se aviva cíclicamente el debate envenenado y envenenador de la lengua en la escuela catalana? No hay misterio. Por intereses partidistas espurios, indignos de la responsabilidad pública.

Este último asalto, que apenas ha durado una semana hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy ha reculado, se entiende mejolr a la luz poselectoral del 21-D. La división del bloque independentista entre irredentos y pragmáticos tiene bloqueada la constitución de un nuevo Gobierno catalán. Y mientras este no se constituya, es el Gobierno español quien manda en la Generalitat. El mensaje de Rajoy a los independentistas con su renovada amenaza a la inmersión lingüística era nítido: cuanto antes recorten maximalismos y formen Govern, antes se levantará el 155 y Madrid no podrá meter cómodamente las manos en la política lingüística.

La amenaza antiinmersión también sirve al PP para tratar de combatir el asedio de Ciudadanos.  A ver quién es más intolerante con el catalanismo. La inflamación del conflicto catalán siempre le había dado pingües beneficios electorales al PP. Rajoy ha ayudado sin desmayo a la nave soberanista a cuadruplicar en pocos años su peso electoral. A cambio, el PP maniataba a los socialistas, incapaces de gobernar España sin un buen resultado en Catalunya, y se garantizaba la hegemonía. Pero esta táctica parece haber tocado techo. En el último envite, no ha sido el PP quien ha recogido los frutos, sino Ciudadanos. Y, atención, asediar la lengua puede brindar al independentismo el salto de la cota del 50% que tanto anhela y que por ahora las urnas le niegan.

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