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EDITORIAL

Riesgo de enquistamiento en el Raval

Las administraciones deben hacer todo lo posible para poner fin al calvario de los vecinos de los narcopisos

Vecinos increpan a dos personas que se pinchan en la calle de En Roig en plena cacerolada de protesta contra los narcopisos del Raval, este martes.

Vecinos increpan a dos personas que se pinchan en la calle de En Roig en plena cacerolada de protesta contra los narcopisos del Raval, este martes. / ÁLVARO MONGE

El conflicto de los narcopisos en el Raval continua vivo y los vecinos siguen en la lucha por conseguir un barrio digno y liberado del yugo de los narcotraficantes que operan en el entorno de Ciutat Vella. Hace poco se reunieron con Ada Colau, quien les prometió un plan de choque y les aseguró que el Ayuntamiento (del que dependen algunas fincas inmersas en el tráfico de droga) «trabaja de manera visible y no tan visible a pie de calle». El problema es que la acción municipal y la policial –tanto de la guardia urbana como de los Mossos– se desarrollan a un ritmo inferior al de la movilidad de las redes mafiosas, que a menudo parece que van un paso por delante de las iniciativas políticas, judiciales y policiales.  

La lentitud a la hora de afrontar una cuestión capital de convivencia y salubridad, con el consiguiente deterioro de la vida cotidiana, debe achacarse primordialmente a la maraña administrativa que se cierne especialmente en la zona del Raval Sur. Como consecuencia de la crisis económica y en buena parte a causa de las ejecuciones hipotecarias por impago, muchos pisos quedaron vacíos, mientras que la propiedad pasaba o bien a bancos y cajas o, a través del traspaso de carteras de activo (los inmuebles y el crédito correspondiente), a inmobiliarias y fondos de inversión o de los llamados «buitre». 

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La inviolabilidad del domicilio, un derecho constitucional, se ha tergiversado y ha permitido a los ocupas que forman el entramado mafioso acceder a fincas deshabitadas porque se precisa una orden judicial que los propietarios –por desconocimiento, por desidia, por dejación– no han reclamado. El informe que publica EL PERIODICO deja a la vista que la propiedad, mayoritariamente, corresponde a entidades que solo se preocupan del potencial especulativo de sus inversiones o que están envueltas en procedimientos civiles que no hacen sino dificultar una acción inmediata, aun a pesar de los esfuerzos municipales por esclarecer el asunto. La apropiación de los pisos con escudos humanos, la denuncia constante y un estado de alerta permanente son las armas de los vecinos. Las administraciones deben de poner todo de su parte (desde la presión a propietarios y la prevención hasta las sanciones penales) para que el drama de los narcopisos en el Raval no se enquiste sin remedio.

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