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LA CLAVE

En España existe la sensación de que el derecho a criticar, disentir y discrepar es cada vez más complicado, especialmente si se ataca a la Corona, a las fuerzas del Estado o a instituciones sacrosantas

En España existe la sensación de que el derecho a criticar, disentir y discrepar con ideas es cada vez más complicado de ejercer por los ciudadanos y conduce a condenas judiciales y prohibiciones que más vale evitar con el silencio o una buena mordaza especialmente si se ataca a la Corona, a las fuerzas del Estado o a instituciones sacrosantas.

Lamentablemente, esa sensación no es una fantasía, está fundamentada en hechos concretos que cada vez se repiten con más frecuencia. Valgan dos ejemplos: la condena al rapero Valtònyc y la censura de un montaje sobre presos políticos en Arco. Siendo dos casos muy distintos, uno judicializado y otro no, los dos tienen en común el ataque a la libertad de expresión en el arte, un valor fundamental en democracia. 

Existen dos figuras jurídicas que promueven con fundamento legal la actual condena en los tribunales de expresiones que en los años ochenta o noventa esquivaban la justicia: el delito de enaltecimiento del terrorismo y la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.

El primero se introdujo en el código penal durante el segundo mandato de José María Aznar cuando ya existía el delito de apología del terrorismo, que por lo visto no era considerado suficiente por PP y PSOE. Esta figura jurídica ha permitido que el Supremo haya condenado a tres años y medio de cárcel a un rapero por letras como: «A ver si ETA pone una bomba y explota». La ley mordaza aprobada en el 2015 dio la puntada final con la persecución de concentraciones en espacios públicos, entre otras manifestaciones.

La cuestión es: ¿canciones como las de Valtònyc o Pablo Hasel conducen hacia la materialización de delitos o son simplemente expresiones libres que buscan la provocación como las de tantos artistas en la historia?. 

El arte molesta e incomoda, hace reaccionar a la sociedad y se salta las líneas editoriales. Pone en entredicho todo, incluso las instituciones que les dan cobijo y responde a inquietudes sociales.

Así no resulta extraño que en el actual contexto político un montaje de Arco este año aborde el tema de los presos políticos. Su censura por parte de la prestigiosa feria artística pone de manifiesto la enorme dificultad para el debate y la discrepancia. De la que no SE escapa ni el arte.

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