El Estado da miedo

El Estado no sabe perder y tiene un mal ganar, se le va la mano en el ejercicio de su amplia potestad jurídica hasta el extremo de crear una doctrina ad hoc para combatir a sus enemigos. Ahora ya lo sabemos todos. Hasta hace tres meses, los dirigentes independentistas transmitieron a sus dos millones de seguidores una intuición errónea, la de la fuerza imparable de la desobediencia ante a una aparato estatal desgastado por la corrupción y confundido por el empuje de la democracia auténtica enfrentada a la legitimidad democrática.

Nada fue como se prometió. Los jueces se hicieron con el mando de la situación, se materializó el miedo a la cárcel entre algunos de los protagonistas y le empezaron a dar vueltas a un nuevo relato para incorporar el respeto al Estado constitucional como premisa para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Nadie está obligado a dejarse encarcelar y cada uno defiende sus ideas como mejor puede. No es cuestión de valentías y cobardías. Aun así, es chocante que la voz más contundente y exigente en la defensa de la desobediencia popular (sin desobediencia no hay independencia) opte por rehuir las consecuencias de tal estrategia. No es lo mismo retar al Estado desde el Parlament en las épicas sesiones de septiembre y octubre, entre cálidos aplausos de los escaños amigos, que plantarse ante un juez para decirle lo que le dijo su compañera Mireia Boya.

La versión oficial reza así: Anna Gabriel no tiene miedo a la justicia, simplemente intuye un juicio injusto y el exilio le permitirá internacionalizar el conflicto desde Ginebra, como Carles Puigdemont lo hará desde Bruselas. El concepto clave de la segunda versión del 'procés' es "internacionalizar", el nuevo mantra, en sustitución de la peligrosa desobediencia. Los estados europeos no se dejaron internacionalizar por la acción diplomática de Raül Romeva; tal vez vayan a ser más sensibles a la figura de la independentista fugada en cuyo país de origen gobiernan los partidos independentistas con mayoría absoluta y con el apoyo de su CUP.

No será fácil asimilar esta situación a la del refugiado político. Pero tampoco era fácil ver la república proclamada y ella la vio. De todas maneras, su estancia en Suiza se justifica en la desconfianza en la justicia española. Y quién no desconfía de la justicia aunque no sea española cuando una ha dirigido un intento de voladura del Estatuto de su nación y de la Constitución de su estado. Va a encontrar solidaridades, seguro. Con todo, su esperanza más fundada para regresar un día no demasiado lejano, junto con el resto de huidos, es que la propia justicia española rechace la discutida tesis de la rebelión antes de que lo vaya a hacer la justicia europea unos cuantos años más tarde. La ausencia de violencia física en el 'procés', salvo la protagonizada por la policía el 1-O, debería imponerse finalmente. Entonces, podrán regresar todos los internacionalizadores y abrazar a sus compañeros recién liberados de la cárcel por el estado injusto.