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EDITORIAL

Nueva fase judicial contra el 'procés'

La causa judicial investiga ahora el papel de los partidos en la ruptura con la legalidad del pasado 27 de octubre

Las exdiputadas de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y Mireia Boya, el pasado 10 de octubre.

Las exdiputadas de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y Mireia Boya, el pasado 10 de octubre. / ACN

Con la declaración ante el juez Pablo Llarena de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, la instrucción judicial contra la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por una parte del Parlament el pasado 27 de octubre entra en una nueva fase. A partir de hoy empiezan también a desfilar por el Tribunal Supremo los investigados en su condición de presuntos miembros del denominado comité estratégico, que promovía la ruptura con la legalidad vigente en Catalunya, según la documentación incautada al exnúmero dos de Oriol Junqueras en la conselleria de Economia, Josep Maria Jové.

Ahora ya no solo se investigan las responsabilidades de los exmiembros del Gobierno sino también de las cúpulas de los partidos que, en algunos casos, reunían la condición de parlamentarios: Marta Pascal, Marta Rovira, Artur Mas y Neus Lloveras, a su vez presidenta de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI). Las defensas de estos investigados tienen estos días el reto de desmentir la declaración de Boya que, al contrario que los consellers, en sus declaraciones ante el juez, defendió la plena validez y pretensión de eficacia de aquella DUI.

Estamos simplemente en la plasmación en el ámbito judicial de la división que reina en estos momentos en el bloque independentista con estrategias políticas y judiciales claramente disonantes cuando no letalmente contradictorias. El último caso es el de la huida de otra investigada, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que podría seguir en Suiza el camino de Puigdemont y los cuatro consellers que están en Bélgica. El ovillo del unilateralismo ahoga cada día más al independentismo político como consecuencia de la acción implacable de la justicia.

Con todo, los progresos en el ámbito judicial no pueden enturbiar que el problema político continúa, de manera que las soluciones son también cada día más complejas porque ni jueces ni fiscales pueden ni deben atender a razonamientos de "oportunidad". La constitución de un Gobierno efectivo en Catalunya es hoy un punto de consenso general: lo desea la casi totalidad de la población, de los grupos políticos en el Parlament, el mismo Ejecutivo español, puesto en el disparadero de tomar decisiones complejas... Solo Puigdemont y sus más fieles parecen ignorar este sentir general.