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EDITORIAL

El 155 y la normalización lingüística

No es de recibo que al amparo de la intervención el PP pretenda cambiar la lengua vehicular de la escuela

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, charla con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado lunes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, charla con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado lunes. / JUAN MANUEL PRATS

Cuando el pasado 27 de octubre Mariano Rajoy anunció la aplicación del artículo 155 de la Constitución después de la declaración unilateral de independencia votada en el Parlament y de que Carles Puigdemont renunciara a convocar elecciones, de inmediato disolvió la Cámara catalana y convocó comicios para el 21 de diciembre. Como él mismo dijo, las atribuciones de la Generalitat que asumía el Gobierno central serían las de un Ejecutivo en funciones.

Y así ha sido desde entonces, una gestión con un marcado acento administrativo, con la única polémica del arte de Sijena. Pero casi dos meses después de las elecciones del 21-D Catalunya sigue sin Govern, empantanada en un duelo en el seno del bloque independentista entre el legitimismo de Puigdemont y sus irreductibles (con el apoyo de la CUP) y la postura pragmática de ERC y de parte del PDECat. Con el reloj de la investidura detenido, el 155 sigue en vigor.

Es en este contexto en que desde Madrid se desvela que el Ministerio de Educación estudia que el castellano sea lengua vehicular en los colegios catalanes, a través de una casilla lingüística en el formulario de preinscripción escolar. Esta decisión, cabe decirlo de forma clara y rotunda, no es la de un Gobierno en funciones. Apunta al corazón del sistema educativo catalán, que cuenta con un amplio consenso social y político (mucho más allá de los partidos independentistas) y el apoyo de pedagogos, sociólogos, la comunidad educativa y de la gran mayoría de las familias.

El PP ya intentó convertir el castellano en lengua vehicular en varias ocasiones (la última, con José Ignacio Wert en el ministerio), y no lo logró no solo por la resistencia de la Generalitat, sino de amplias capas de la sociedad catalana. No es de recibo que a través de las medidas extraordinarias que le otorga el artículo 155 el PP, embarcado en una competición con Ciudadanos que no aporta soluciones a la crisis catalana sino que la puede agravar, quiera tomar decisiones en un ámbito tan delicado como el del idioma vehicular en la escuela catalana.

Lo cual no quita que es inadmisible, como dijo Soraya Sáenz de Santamaría, el bloqueo del Parlament. Catalunya necesita ya un Govern efectivo y que ejerza en los cauces legales, entre otros motivos porque es la única forma de acabar con la intervención del autogobierno a través del 155.

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