Ocupación contra los narcopisos

La estrategia seguida por los vecinos del Raval en relación a uno de sus problemas más acuciantes, el de la proliferación de narcopisos hasta la cifra discontinua de unos 60, desde finales del 2016 y a lo largo de todo el 2017, ha ido creciendo en intensidad a medida que veían impotentes cómo las trabas burocráticas, la lentitud judicial, los obstáculos legislativos o la indiferencia de los propietarios de las viviendas (en su mayoría bancos y fondos de inversión) impedían que se revirtieran las terribles condiciones de inseguridad e insalubridad con las que tienen que convivir a diario. No es sobrero incidir en ello: el problema básico de los narcopisos, ocupados por mafias que tejen una red de clientelismo criminal con el comercio de droga, en especial heroína, es la necesidad de obtener una orden judicial que, una vez puesta en práctica, no asegura la definitiva clausura de la actividad, ya que tanto la venta como el almacenamiento o la venopunción en el mismo piso resurgen al cabo de poco (con lo que se reinicia el proceso) si el piso sigue deshabitado. El hecho de que los propietarios no estén por la labor de denunciar o de ofrecer las viviendas con un alquiler social enquista el problema.

Los vecinos del Raval se han ido organizando y han llevado a cabo distintas acciones, tanto reivindicativas como de relación con las administraciones. Desde la manifestación del verano hasta las caceroladas de protesta en los momentos más álgidos de la crisis, pasando por la creación de grupos de Whatsapp que han servido para ejercer una vigilancia efectiva y solidaria con el objetivo de «liberar» de futuros traficantes los espacios desalojados por Mossos o Policía municipal. Ahora dan un paso más en defensa de su barrio, en cierta medida reforzados por el propio Ayuntamiento, que consideró en su día que «la mejor prevención es que en los pisos vivan los vecinos». O, por ejemplo, personas con problemas reales de vivienda que ayuden a dignificar y humanizar un barrio que, de resultas de la crisis, los desahucios y la gentrificación, sufre una degradación progresiva. Las recientes medidas aplicadas en enero –como los novedosos precintos judiciales, impulsados por la junta Local de Seguretat de Ciutat Vella, que dificultan la ocupación salvaje– y una mayor intensidad política y policial también son claves para salvar al Raval de esta epidemia.