La paradoja de invertir en pisos intervenidos

El artículo 47 de la Constitución española establece: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos." Aunque parezca mentira, esta Constitución ya estaba vigente en las épocas de los pelotazos urbanísticos y saltársela en este punto ha sido uno de los motivos de muchas causas judiciales relacionadas con la corrupción a través de decisiones urbanísticas. 

También chocan con la expresión "impedir la especulación" las ofertas que están haciendo algunas empresas inmobiliarias que gestionan pisos del llamado banco malo o Sareb para captar inversores con el anzuelo de que buena parte de su cartera de pisos de alquiler, asumidos de los bancos para mejorar sus balances, tienen contratos que vencerán antes de dos o tres años y a los nuevos se les aplicarán subidas de hasta el 20%. Los inmuebles que gestiona este banco malo son, como su nombre indica, los que no quieren las entidades bancarias, es decir los que están en peores condiciones para ser vendidos o explotados con otras fórmulas. Y también, en muchos casos, los que tienen como inquilinos a personas con posibles dificultades económicas. Por ello, resulta sorprendente que este bien básico se convierta en un objeto de inversión-especulación, incluso cuando depende de una entidad pública. En lugar de esta actividad lucrativa, parecería mucho más lógico dedicar estos pisos a intentar paliar el problema de las dificultades de acceso a un vivienda en condiciones en Barcelona. Ya que se ha dedicado dinero público a su "rescate", sería muy pertinente que revertieran en finalidades sociales. Es contradictorio que mientras por una vía se dedica parte del presupuesto a ofrecer posibles soluciones a la falta de pisos, ayudas al pago del alquiler o incluso a los propietarios para que pongan en arrendamientos las viviendas que tienen vacías, o se persigue judicialmente a los bancos que tienen pisos desocupados durante años, no se aproveche mucho más la Sareb para hacer política social. 

Se podrá objetar que con estas fórmulas como la de buscar inversores y facilitar rentabilidad con las viviendas de la Sociedad, el Estado podrá recuperar antes el dispendio realizado para mejorar los balances bancarios. Pero también se podría conseguir esta recuperación, y con una mayor carga social, convirtiendo mucha más parte de este parque en público directamente y bajo el control de la Administración, en lugar de tener que dedicar de nuevo dinero público a ayudar a los posibles inquilinos que se quedarán sin piso cuando les suban el alquiler para hacerlo más rentable.