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La encrucijada política catalana

Miles de catalanes han acudido a la manifestación convocados por la ANC y Òmnium.

Catalunya como síntoma

Antón Costas

El movimiento secesionista se ha visto potenciado por los problemas no resueltos del Estado autonómico

A lo largo de los últimos años me he preguntado muchas veces si el conflicto catalán no será, al menos en parte, el síntoma de una enfermedad española más general, que tiene en Catalunya su manifestación más grave, pero no única. Si la respuesta es afirmativa la solución pasaría por separar ambas dimensiones del problema: poner remedio, en primer lugar, a la enfermedad general y, paralelamente, abordar las dimensiones más específicamente catalanas del conflicto.

En un documento reciente, titulado 'Ideas para una reforma de la Constitución', se hace una aproximación de este tipo. El informe ha sido elaborado por un grupo de diez prestigiosos catedráticos españoles, liderados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y por Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Problemas no resueltos

Los autores se preguntan la causa de que la opción independentista haya sido apoyada por una parte importante de la sociedad catalana. Concluyen que el movimiento secesionista en Catalunya, como antes en el País Vasco con el Plan Ibarretxe, se ha visto potenciado por los problemas no resueltos del Estado autonómico. Estas deficiencias han permitido atraer hacia el independentismo a una parte de la sociedad que, sin embargo, no es partidaria de la independencia. Desde este perspectiva, la crisis provocada por la demanda de secesión es, entre otras cosas, un síntoma de los problemas del sistema autonómico.

Si aceptamos esta idea, y pienso que vale la pena hacerlo, en la medida en que se pueda construir un modelo territorial más sólido se hará más difícil su deslegitimación por los secesionistas.

Cinco cuestiones

¿Qué debe reformarse? Plantean cinco cuestiones: 1) La función del Estatuto, elevándolo al rango de Constitución territorial, al igual que las constituciones de los territorios en los sistemas federales. 2) Reducir el número de conflictos mediante un mejor reparto de las competencias; 3) La participación autonómica en las decisiones e instituciones del Estado; 4) Los instrumentos y órganos de colaboración; y, 5) La constitucionalización de los elementos esenciales del modelo de financiación autonómica.

Elevar el rango legal del Estatuto permitiría acabar con la devaluación de su función de "norma institucional básica de una Comunidad Autónoma" (art. 147.1 CE) por parte del Gobierno central y del Tribunal Constitucional. Quedaría despojado de su función en la distribución de competencias, que correspondería a la Constitución, pero permitiría dejar para el Estatuto todas las cuestiones internas de la Comunidad que, al no afectar a las restantes comunidades, no darían lugar a agravios comparativos.

Estas reformas hay que hacerlas en beneficio del conjunto de las autonomías. Pero en la medida en que se hagan permitirán afrontar mejor la crisis de Catalunya. Porque su solución solo puede ser duradera en el marco de una reforma del modelo territorial y no a través de acuerdos bilaterales coyunturales.

Dos elementos específicos

Pero la crisis territorial presenta en Catalunya dos elementos adicionales específicos. El primero es la reivindicación de los hechos diferenciales y su reconocimiento estatal. En la medida en que son específicos -como lo es el concierto en las comunidades forales o los regímenes especiales insulares- esos aspectos singulares podrían abordarse mediante una relación bilateral con el Estado.

El segundo es que el independentismo niega las virtudes de la reforma constitucional y plantea como alternativa la secesión tras un referéndum. Pero con la reforma no se trata de negociar las reinvindicaciones de los independentistas tal como hasta ahora las han presentado, sino de atender a las percepciones sobre el funcionamiento del modelo territorial, que es lo que ha permitido que su opción sea apoyada por una parte importante de la sociedad catalana.

El referéndum

Otra cuestión que aborda el informe es la respuesta a la aspiración de muchos catalanes de votar en un referéndum para expresar su voluntad sobre una nueva forma de integración de Catalunya en el Estado. Consideran que esta aspiración es posible (e incluso constitucionalmente preceptiva) mediante una consulta sobre una ley de Catalunya que adapte el Estatut, lo reforme y lo mejore. Consideran también plausible y recomendable que un referéndum de esta clase pueda celebrarse en Catalunya al mismo tiempo que otro de carácter general en el que se pronuncien todos los ciudadanos del Estado sobre la adaptación a la Constitución al nuevo modelo de organización territorial.

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Como era previsible, la opción secesionista se encuentra en un callejón sin salida. Ahora es cuando es más necesario que nunca que surjan ideas capaces de fomentar el diálogo y explorar caminos alternativos, tal como se hace en este documento.

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