¿Bruselas o Barcelona?

Con su trabajada y calculada resolución, el Tribunal Constitucional (TC) ha actuado más como un tribunal ordinario que como legislador negativo o de función jurisdiccional. No es la más importante de las distorsiones o anomalías observadas en el sistema judicial español en los últimos años, pero llama la atención. Sea como sea, el TC ha demostrado más inteligencia política que el Gobierno central. Un Gobierno al que los movimientos de Carles Puigdemont habían conseguido hacer perder los nervios y el sentido del ridículo.

Vetando la investidura telemática y advirtiendo a la Mesa del Parlament, el TC ha sacado las castañas del fuego a Rajoy y a Sáenz de Santamaría, evitando su desautorización directa. Y, de paso, ha devuelto la pelota al tejado del soberanismo. A largo plazo, subrogar la política a los tribunales solo puede tener un final catastrófico, pero en algún momento puede servir para maquillar la incompetencia de algunos políticos.

El hecho es que ahora toca moverse a unas fuerzas independentistas muy presionadas judicialmente y con sus principales líderes encarcelados o en el exilio. El primer episodio en el que se hará visible la respuesta del independentismo es en el pleno de investidura previsto para este martes por la tarde. Todas las opciones parecen perfectamente definidas, pero la visión desde Bruselas o desde Barcelona podría no coincidir. En cuanto al 'president' Puigdemont, deberá decidir cómo puede denunciar mejor los déficits democráticos del Estado español: poniéndose en manos del Tribunal Supremo o siguiendo internacionalizando el proceso desde el exilio.

Gestionar la victoria del 21-D

Cualquier otra opción significaría alargar la aplicación del 155 y abandonar por un tiempo indeterminado el control del autogobierno. El dilema para las fuerzas independentistas y republicanas consiste en saber cómo pueden administrar mejor la incontestable victoria electoral del 21-D. Si se entiende que la fase abierta por los resultados del 21-D ha terminado de instalar el conflicto entre el soberanismo y los poderes de Estado en la lógica de la 'guerra de posiciones', el sentido común más elemental aconsejaría recuperar el control de las instituciones de autogobierno lo antes posible. Y desde esta posición, garantizar una sólida gobernación republicana con unas prioridades muy claras fijadas por la determinación radical de defender la ciudadanía, sus derechos y sus libertades.

Recuperar las instituciones aunque solo fuera para intentar detener la agresión a las cuatro realidades del autogobierno catalán que más obsesionan el nacionalismo español: administración, escuela, medios públicos y mossos. Pero una parte de la teatralización del debate independentista puede hacer pensar que aún no se ha entendido que la hoja de ruta definida hace dos o tres años requería mayorías sociales más holgadas.

Si esto no se acaba de asumir, en el bloque independentista se puede imponer un voluntarismo legitimista con probada capacidad de erosionar la imagen del régimen del 78. Cierto, pero al precio altísimo de regalar al Gobierno de Rajoy lo que hoy queda del autogobierno. Si esta fuera la opción, habría que explicar el coste social de la apuesta.