Un siglo de bibliotecas municipales

Hoy disfrutamos en nuestros barrios y ciudades de unos equipamientos bibliotecarios cuyo origen se remonta a las bibliotecas populares que puso en marcha la Mancomunitat de Catalunya (1914). En 1918 se estrenaron las bibliotecas de Olot, Sallent, Valls y Borges Blanques, a las que siguió la de Canet de Mar al año siguiente, lo que supuso el inicio de la construcción de una red que, pese los avatares del siglo XX, ha seguido creciendo hasta hoy.

En 1925 la dictadura de Primo de Rivera disolvió el ente que aunaba a las cuatro diputaciones provinciales y que había desarrollado una positiva tarea de modernización educativa y cultural, siguiendo el programa de Enric Prat de la Riba. Pese a ello, el modelo bibliotecario subsistió gracias a la existencia de un cuerpo ya profesionalizado de bibliotecarias, y también porque Jordi Rubió, el alma mater de la bibliotecas populares, continuó ejerciendo su autoridad técnica desde la Diputación de Barcelona. 

República y dictadura

Con la Segunda República, la Generalitat pasó a disponer de más instrumentos económicos y legislativos con lo que la red creció en el marco de una planificación que quería garantizar un centro de lectura en todos los municipios de más de 6.000 habitantes. En 1934 se aprobó una ambiciosa ley que no pudo desarrollarse por los avatares políticos del periodo republicano, con la suspensión ese mismo año del Govern de Lluís Companys, y el inicio de la guerra civil en 1936.

Con la larga dictadura franquista, se produjo una alteración sustancial del modelo. Empezó con una depuración de bibliotecarias, poco numerosa pero suficiente como advertencia, una expurgada de libros "peligrosos" y una intensa instrumentalización a favor del ideario nacionalcatólico del régimen. La situación no empezó a mejorar hasta la década de los 60, con una mayor dinamismo profesional, la inauguración de nuevas biblioteca y el regreso a la neutralidad ideológica.

Servicio de proximidad

El salto significativo se produjo con la llegada de los ayuntamientos democráticos (1979) y el trabajo en red desarrollado en este terreno a lo largo de las décadas siguientes por la Diputación de Barcelona, que apostó desde el inicio por una biblioteca en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, considerándola como servicio de proximidad, estrechamente vinculado al territorio y a la ciudadanía. Esto ha permitido un reparto claro de las responsabilidades entre les diferentes administraciones, garantizando que todas las bibliotecas sean similares en espacios, servicios y contenidos, pero al mismo tiempo singulares porque se han especializado en función del público y la política cultural de cada ayuntamiento.

Pese a los enfrentamientos partidistas de algunas etapas, existe hoy un amplio consenso político y legislativo sobre el sistema bibliotecario en Catalunya. La red de bibliotecas municipales es una realidad consolidada que, en algunos casos, se remonta ya a un siglo de existencia (con importantes fondos singulares y patrimoniales), pero que necesita ser constantemente actualizada a luz de los fuertes cambios tecnológicos y las cambiantes necesidades sociales.