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Al contrataque

El año ha comenzado y el Gobierno ha eliminado el tema de la violencia contra los menores de sus prioridades legislativas


No es habitual encontrar ejemplos donde nuestros representantes políticos se pongan de acuerdo al margen de su ideología y del partido al que pertenecen. Hay temas extraordinariamente importantes que merecen ese consenso y nunca se consigue. Sin embargo, estos días hemos vivido un ejemplo esperanzador y a la vez frustrante. Todos los partidos del arco parlamentario comparten la necesidad de aprobar una ley que proteja a nuestros hijos e hijas de situaciones de violencia. Es más…, ese compromiso está ya en el Congreso de los Diputados en forma de proposición no de ley (PNL).

Hasta aquí todo correcto. Pero hablamos de abusos sexuales, acoso escolar o violencia machista. Y el problema es que el año ha comenzado y el Gobierno ha eliminado el tema de sus prioridades legislativas para el 2018. Alega falta de tiempo. Y se salta la palabra dada. ¿Por qué es importante una ley que proteja a los menores que viven en nuestro país de todo tipo de violencia?

En primer lugar porque no existe. Esa norma incluiría medidas como la formación especializada para los trabajadores vinculados a la infancia. Exigiría que cualquier persona que haya tenido una condena por un delito de violencia contra menores quede inhabilitado para trabajar en contacto con ellos o que la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 años como ocurre ahora.

Norma y prevención

Además, basta mirar la estadística que maneja la organización Save The Children en España, impulsora de la ley, para entender la dimensión del asunto. En los últimos cinco años, 100 chicos y chicas han muerto por esos tipos de violencia que exigen una regulación y un plan de prevención. Solo en el 2016 se interpusieron 37.495 denuncias por esos delitos contra menores, según el Ministerio del Interior. De todas las denuncias presentadas por abuso sexual ese mismo año, más de la mitad tenía a un menor como víctima. Y a estas alturas todos entendemos que las necesidades de protección de un niño son bien diferentes a las de un adulto.

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Toda esas situaciones tienen nombres y apellidos. Piensen en Arancha. En Alejandro. Lucía. Carla. Paula. Diego. Naiara… Son esos últimos 100 niños y niñas fallecidas. Existe la preocupación, existe hasta el trámite formal en la sede del poder legislativo. Pero no está previsto que salga adelante. Ministra Dolors Montserrat, ¿van a cumplir su palabra? Hay cuestiones que no pueden esperar.

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