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LARGO PLAZO

Sin culpables en el Castor y las radiales

Olga Grau

Nadie se ha responsabilizado de los miles de millones que se han esfumado en infraestructuras fallidas que pagarán todos los contribuyentes

En el sistema capitalista el inversor corre el riesgo y, a cambio, se lleva el beneficio. Cuanto más riesgo se asume, más posibilidad hay de obtener una gran ganancia o de perderlo todo. Es por este motivo que los empresarios calibran bien los riesgos antes de embarcarse en inversiones, porque de lo contrario se pueden pillar los dedos y tener que responder con su patrimonio, además de dejar a sus trabajadores sin empleo.

Estos principios, diáfanos en una economía de mercado, no son los que ha aplicado el Estado español en los escándalos del Castor o de las autopistas radiales quebradas. El Ejecutivo ha buscado operadores privados para adjudicar proyectos, les ha ofrecido elevadas rentabilidades a futuro y les ha garantizado riesgo cero con cláusulas contractuales que les garantizan recuperar su inversión en caso de que algo falle o de que al final no sea un buen negocio. 

La plataforma de gas encargada a ACS, propiedad de Florentino Pérez, se proyectó mal sin tener en cuenta los impactos medioambientales. Cuando se constató su inviabilidad, el Gobierno ordenó el pago compensatorio inmediato de 1.350,7 millones de euros a ACS a través de un decreto ley de medidas urgentes publicado en el 2014. El coste total de la indemnización por cerrar el almacén de hidrocarburos fallido suma más de 4.700 millones que pagarán los contribuyentes por la vía de la factura del gas. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que cobrárselo a los consumidores no es de recibo, el Gobierno todavía sigue cargándolo en la factura sin ofrecer ninguna alternativa. 

Con las autopistas radiales el modus operandi ha sido el mismo. El Gobierno de la época de José María Aznar proyectó un ambicioso plan para que Madrid contara con 11 vías de acceso, similar al modelo radial de París. En los contratos con constructoras y concesionarias, se introdujo la denominada cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que quiere decir que el Estado en última instancia cubre el riesgo de la concesionaria. 

Todos los números que se proyectaron quedaron cortos por el camino. La expropiación de terrenos acabó costando más de 2.000 millones, las obras se dispararon de precio con sobrecostes y las proyecciones de tráfico se hicieron mal. El Gobierno tuvo que acudir al rescate y la broma costará más de 3.500 millones que pagarán ¿adivinen quién? Otra vez los consumidores.

El escándalo del Castor y de las radiales no se ha investigado. Nadie se ha responsabilizado, tampoco hay culpables. Pero por el camino hay muchos que se han enriquecido y se han esfumado miles de millones.

El temor a las pérdidas es un incentivo para que empresas e individuos inviertan con sentido económico y realista. Imaginen qué formidable negocio sería jugar en un casino donde la banca al final siempre cubriera las pérdidas. Solo que en este caso, la banca son los contribuyentes.
 

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