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La mejora del mercado de trabajo

Coordinar la formación laboral supondrá más y mejor empleo para todos

Pedro Rey

Es conveniente que se establezcan criterios uniformes sobre los medios técnicos y humanos de los que deben disponer las entidades de formación

La formación profesional ha sido un factor fundamental para el crecimiento y el empleo en España durante las últimas décadas. El gran salto adelante que dio la economía española a partir de 1980 no se explicaría sin las mejoras en la empleabilidad y en la cualificación de gran parte de los trabajadores de este país. Sin embargo, la crisis que empezó en el 2008 ha puesto de manifiesto determinadas carencias en el mercado de trabajo que incluyen también algunas deficiencias en el sistema de formación para el empleo. Este funcionó razonablemente bien a lo largo de muchos años, pero acabó por verse afectado de la obsolescencia que afecta a toda obra humana.

Para sentar las bases de la necesaria renovación de la formación profesional en el ámbito laboral en España, el Parlamento español aprobó en septiembre del 2015 la Ley 30/2015. En su preámbulo, se reconoce que el sistema, con un "modelo de gestión compartida entre las Administraciones públicas" y los interlocutores sociales, "ha puesto de manifiesto determinadas debilidades e ineficiencias que deben abordarse de manera urgente". Se destaca la deficiente coordinación del conjunto del sistema, la falta de una planificación estratégica, la escasa vinculación con la realidad del tejido productivo y la no disponibilidad de un sistema de información integrado como principales debilidades, entre otras, del sistema.

Parece evidente, por tanto, que lograr una mejor coordinación entre las Administraciones constituye una necesidad prioritaria. La ley señala que las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia imponen la adopción de "una reforma integral del sistema de formación profesional para el empleo que resulte conforme al marco constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas", de manera que se garantice "estabilidad y coherencia".

Coherencia y coordinación

El principal instrumento de coordinación que se establece en la ley es la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, donde el Servicio Público Estatal y los órganos de las Comunidades Autónomas deben procurar que la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en cada ámbito competencial se realicen "en coherencia y coordinación" con las correspondientes a las otras Administraciones.

Especial importancia revisten aspectos como la "función permanente de prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo", la distribución de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, la evitación de solapamientos en la gestión o lagunas en la cobertura de las necesidades formativas, la implementación de un sistema integrado de información que permita el seguimiento y control de las actividades realizadas en todo el territorio español, la actualización del Registro Estatal de Entidades de Formación y la elaboración anual de un plan de evaluación de la calidad e impacto del sistema. Y, si bien las Comunidades Autónomas disponen de las competencias de ejecución de las actividades formativas, el texto legislativo dispone que será la Administración General del Estado la que "ejercerá la coordinación en el diseño estratégico del sistema".

Las empresas del sector de la formación profesional para el empleo necesitamos, para poder ejercer nuestra labor de forma eficiente y contribuir al crecimiento económico de España, que las disposiciones de la ley 30/2015 sean aplicadas cuanto antes. La aprobación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, es un importante paso adelante en esa dirección, al desarrollar reglamentariamente la ley, pero solo tendrá suficiente efectividad si se realizan los esfuerzos necesarios para avanzar en la coordinación de las Administraciones. Más aún tras la sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de junio de 2017, en la que se declara la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 30/2015 que estipulaban la competencia estatal en la acreditación y registro de las entidades que imparten teleformación con centros para las sesiones presenciales ubicados en más de una comunidad autónoma, así como de los centros móviles y de las entidades de formación con instalaciones permanentes en más de una comunidad autónoma.

A partir de ese momento, las empresas del sector debemos acreditarnos, por separado, en cada comunidad autónoma donde tengamos centros formativos, lo que ha generado incertidumbre sobre los criterios que se aplicarán en cada una para dicha acreditación, ya que su diversidad podría afectar a la consolidación de un sector potente y homogéneo con implantación en diversas zonas del territorio español.

Marco normativo

Entendemos, por tanto, que corresponde al Gobierno de España llevar a cabo una regulación ulterior, en aplicación de sus competencias en materia de legislación laboral, para procurar que este aspecto, entre otros, del sistema de formación para el empleo esté sujeto a una imprescindible coordinación a través de un marco normativo común. La incidencia de este sistema en el mercado de trabajo, con afectación al conjunto de España, hace conveniente que se establezcan criterios uniformes sobre los medios técnicos y humanos de los que deben disponer las entidades de formación, a aplicar en todo el territorio, así como sobre el seguimiento de las actividades y los indicadores de resultados. Las empresas de formación profesional en España operamos en un mercado único, como único es el mercado de trabajo en nuestro país, y necesitamos, para poder ofrecer nuestros servicios con la mayor calidad posible, que se den las condiciones idóneas para ello.

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Las mejoras en el mercado laboral, a través de una mayor y más adecuada cualificación de los trabajadores, pueden alcanzar a todas las partes de España, por lo que entendemos que va en el interés de todos que se alcance el nivel de coordinación que requiere un sistema de formación profesional avanzado y eficiente. Un mayor nivel de empleabilidad beneficiará tanto a trabajadores como a empresas: a los primeros, porque estarán mejor preparados para encontrar el empleo que buscan en todo el territorio español; a las empresas, porque podrán encontrar más fácilmente los empleados que necesitan. Las empresas del sector de la formación para el empleo estamos preparadas para contribuir a que se alcancen esos objetivos. Solo necesitamos que se tomen las decisiones políticas pertinentes, en favor del interés común.

*Pedro Rey es presidente de Cecap (Confederación Española de Empresas de  Formación)

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