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Análisis

Roger Torrent, nuevo President de la Mesa del Parlament de Catalunya

¿La hora de ERC?

Astrid Barrio

Tiene todos los argumentos para romper la baraja de la actual subasta política


Una vez constituido el Parlament y elegida la Mesa  se ha superado el primer escollo para la recuperación del autogobierno suspendido el 27 de octubre pero  todavía queda la segunda parte, la más difícil, que es la investidura de un presidente de la Generalitat que permita poner fin a la aplicación del artículo 155. 

Llegados a este punto se plantean diversos escenarios aunque no todos son igualmente viables: que se constituya un gobierno soberanista que respete la Constitución y el Estatut y que renuncie a la vía unilateral,  que se constituya un gobierno mixto entre partidos soberanistas y partidos constitucionalistas o que se constituya un gobierno constitucionalista.  Todas estas opciones permitirían recuperar al menos la normalidad institucional porque la normalidad completa difícilmente se recuperará mientras haya diputados y  activistas en prisión o en Bruselas

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Sin embargo, la intención declarada por parte de los partidos soberanistas de investir nuevamente a Carles Puigdemont no parece que pueda contribuir en nada ni a la recuperación de las instituciones ni a la  vuelta a la normalidad.  En primer lugar porque dado que el reglamento del Parlament no prevé  ni que pueda ser investido ni votar a  distancia -como ya han advertido los letrados de la Cámara-, cualquier lectura laxa por parte de la mayoría de la Mesa o cualquier modificación urgente para atender a dichas circunstancias, supondría nuevamente, como ya sucedió el 6 y el 7 de septiembre, pervertir la institución parlamentaria al antojo de unos cuantos.

Y si aun  asumiendo dicho coste Puigdemont llegase a ser investido, probablemente se enfrentaría a una impugnación ante el TC con la consiguiente suspensión cautelar, lo  que implicaría no solo dejar en suspenso su designación sino también el levantamiento del artículo 155. E incluso en el improbable extremo de que nada de eso sucediese Puigdemont debería ser nombrado por el Rey y debería tomar posesión para que su nombramiento tuviese efecto, y dado que la toma de posesión difícilmente se puede hacer de forma virtual o a distancia y que sobre él pesa una orden de detención en territorio español, al hacerlo sería detenido. Nuevamente nos podríamos encontrar en un excepcional escenario con las instituciones violentadas, en suspenso  y  con un presidente investido en prisión provisional.

Intereses partidistas

Habrá  quien, instalado en el ya clásico 'cuanto peor mejor',  quiera llegar a esta situación pensando que así sirve mejor a sus intereses a medio plazo: desgastar la legitimidad democrática de España y presentar la secesión como una causa justa. Pero eso solo sirve a los intereses partidistas y no a los del conjunto de la ciudadanía. Convendría pues que los recién estrenados diputados empezasen a pensar en el conjunto de sus representados y no solo en una parte y a asumir que no hay mandato imperativo sino representativo.  Y no hace falta que todos lo hagan. Algunos pueden permitirse el lujo de seguir siendo antisistema dentro del sistema, solo es necesario que algunos rompan la baraja de la subasta. Solo hace falta que lo haga ERC. Tras la sentencia del 'caso Palau' y con el informe de los letrados tiene todos los argumentos para hacerlo
 

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